Un juzgado de lo penal lo condenó el miércoles a un año de prisión y nueve de inhabilitación para desempeñar cualquier cargo público, incluido el de alcalde, por un delito contra la ordenación del territorio, en su modalidad de prevaricación urbanística, al entender que concedió una licencia "ilegal" y, posteriormente, archivó "sin justificación alguna" el expediente de restablecimiento de la legalidad.

En la sentencia, contra la que se puede presentar recurso de apelación ante la Audiencia Provincial, se considera probado que se concedió por decreto la licencia para una vivienda unifamiliar con un informe desfavorable del técnico municipal al ser terreno no urbanizable. Además, en 2006, se abrió expediente de restablecimiento de la legalidad, que fue archivado por el alcalde en 2007, con la disconformidad del secretario municipal.

Para el juzgador, el alcalde "prescinde del criterio del técnico municipal en el expediente de concesión de licencia y del asesoramiento del secretario del Ayuntamiento en el de restablecimiento de la legalidad", por lo que considera que ambos decretos se emiten contraviniendo de forma "palmaria" las normas urbanísticas vigentes.