El Govern y el ex presidente de la Generalitat Jordi Pujol (CiU) han defendido hoy la honorabilidad de los ayuntamientos catalanes, una defensa del país a la que se ha sumado también el actual líder convergente, Artur Mas, que critica que "algunos pretendan convertir a Cataluña en un estercolero".

Mientras, las sospechas hacia algunos ayuntamientos han derivado en nuevas dimisiones: la del coordinador técnico de planificación del Ayuntamiento de Valls (Tarragona), el convergente Genís Carbó, y la del ex concejal de Urbanismo de Sant Andreu de Llavaneres (Barcelona) Antonio Jiménez, que se ha dado de baja del PSC al estar citado en el auto del juez Garzón por cuestiones vinculadas también a Montcada i Reixac (Barcelona).

En el plano político, el ex presidente Pujol ha roto su silencio en Madrid, en donde ha presentado su segundo volumen de memorias, y, en primera instancia, ha defendido a sus "amigos" Macià Alavedra y Lluís Prenafeta, en la cárcel por el caso Pretoria.

Más allá de mantener su "confianza" en los que fueron estrechos colaboradores suyos en la Generalitat de los años 80, Pujol ha realizado una encendida defensa de la gestión pública en Cataluña y ha recordado que Bartomeu Muñoz, alcalde socialista de Santa Coloma, es el primer edil catalán en entrar en la cárcel cuando en toda España ya han entrado una veintena.

En todo caso, y al ser preguntado por el "oasis catalán", Pujol ha comentado que la detención de Muñoz revela que "oasis no hay en ninguna parte".

En esta línea, y también en una conferencia en Madrid, el actual presidente de CiU, Artur Mas, ha abogado por construir una sociedad sana basada en el principio de la presunción de inocencia y no en el de culpabilidad, y ha negado que haya una "trama de malhechores" en las cúpulas de CiU y el PSC "como algunos pretenden para convertir a Cataluña en una ciénaga y en un estercolero".

El Govern también ha enviado un mensaje de confianza en las instituciones catalanas. El conseller y portavoz ocasional del Consell Executiu, Ernest Maragall, ha rechazado que el caso de corrupción urbanística en torno a Santa Coloma extienda "la sombra de la sospecha" a todos los ayuntamientos catalanes, algo que sería "inaceptable" e "injusto".

Por su parte, el gerente del Incasòl, Emili Mas, ha negado que hablara de falsificar facturas de la UE en sus conversaciones de abril pasado con imputados en la trama de corrupción urbanística, ante los que se limitó a abordar la ejecución de la Ley de Barrios.

En declaraciones a Efe, Mas, que aparece citado en el auto del juez Baltasar Garzón con relación a unas facturas falsas para desviar 1,3 millones de euros de los Fondos de Cohesión europeos, defiende su "honestidad y transparencia" y expresa su "máxima disponibilidad" a colaborar con la justicia.

"En ningún caso hablé de falsificación de facturas u otros documentos para presentar al Fondo de Cohesión u otros fondos europeos, ni di instrucciones al Ayuntamiento (de Santa Coloma) o a la empresa Gramepark", ha remarcado el gerente del Incasòl.

También hoy ha defendido su inocencia el jefe de Planificación Territorial del Departamento de Política Territorial entre 1996 y 2004, Genís Carbó, que ha asegurado que los 244.011 euros que cobró de una sociedad del supuesto cerebro de la trama, Luis García, fueron sus honorarios profesionales como arquitecto.

No obstante, Carbó ha dimitido como coordinador técnico de planificación del Ayuntamiento de Valls (Tarragona) después de que el auto de Garzón revelara que cobró una comisión de 244.011 euros de Niesma Corporació, de Luis García, tras la recalificación de los terrenos de Can Riviere, en Sant Andreu de Llavaneres (Barcelona).

En esta localidad, el grupo municipal SOS Llavaneres ha vuelto a denunciar una operación que la Fiscalía de Cataluña había archivado, al hallar nuevos indicios que la relacionan con Luis García.

La denuncia establece los vínculos entre el convenio urbanístico de la masía "La Bodega" de la población y la operación Niesma, investigada por Garzón y que habría permitido a Luis García embolsarse millones de euros gracias a una recalificación municipal.

Hoy también ha trascendido que la inmobiliaria Espais, presidida por Lluís Casamitjana, imputado por Garzón, ofertó el pasado año a la Generalitat un inmueble en la zona Fórum de Barcelona, a través de Lluís Prenafeta, encarcelado por la misma causa.