Trece reclusos que protagonizaron el motín en la prisión de Quatre Camins, que en abril de 2004 destapó la masificación en las cárceles catalanas, afrontan penas de hasta 44 años en un juicio que también dirimirá la responsabilidad de la Generalitat por la falta de seguridad del centro penitenciario.
Entre fuertes medidas de seguridad, comenzará hoy en la Audiencia de Barcelona el juicio contra 13 de los casi 80 presos del módulo 1 de Quatre Camins que presuntamente llevaron la voz cantante en el motín, en el que resultó herido grave con un punzón el director de la cárcel y otro funcionario fue retenido varias horas como rehén.
El motín, que concluyó a las pocas horas gracias a la intervención de mediadores, tuvo un negro epílogo al día siguiente del altercado, cuando 26 de los reclusos atrincherados fueron presuntamente torturados durante su traslado a otras cárceles catalanas, en un caso que está a la espera de juicio.
Por ese presunto episodio de maltratos, el Juzgado de Instrucción mantiene imputados a trece funcionarios de Quatre Camins, entre ellos los que fueran en la época director de la cárcel, Diego Enríquez Vázquez, y subdirector médico, Xavier Martínez.
El Juzgado sospecha que los funcionarios la tomaron con los reclusos amotinados como represalia por el altercado ocurrido en la prisión el 30 de abril de 2004, que desencadenó una lluvia de críticas contra la Generalitat por la masificación de las cárceles y la falta de medidas de seguridad.
De hecho, además de solicitar condenas de hasta 44 años de cárcel para los internos procesados, la Fiscalía pide que indemnicen con 52.260 euros al subdirector de la prisión y a los otros cuatro funcionarios heridos en el motín y que la Generalitat responda de ello como responsable civil subsidiario.
Para el ministerio público, el gobierno autonómico debería asumir el pago de esas indemnizaciones, si los presos no pudieran hacer frente a las mismas, por no haber emprendido medidas para solventar la falta de seguridad de la prisión ni haber garantizado la eficacia de los cacheos para impedir que las visitas introdujeran en el centro penitenciario objetos punzantes.
Según mantiene la Fiscalía en su calificación provisional, los trece reclusos, integrados en el módulo 1 para presos peligrosos y en varios casos cumpliendo pena por asesinatos u homicidios, se pusieron supuestamente de acuerdo para acabar con la vida del subdirector del centro, Manuel Tallón.
Así, de forma inesperada y armados con palos y otros objetos contundentes, se abalanzaron sobre él a la entrada del patio del módulo y le agredieron brutalmente, clavándole además en el cuello un punzón de fabricación propia, hasta que lo dieron por muerto.
A tres funcionarios que acudieron en su defensa, los amotinados les agredieron también con palos, objetos punzantes y patas metálicas procedentes de mobiliario diverso, tras lo que tomaron como rehén a otro empleado de la cárcel, según mantiene la Fiscalía en sus conclusiones provisionales.
Ese último funcionario fue obligado durante horas a permanecer en una silla en el centro del patio del módulo 1 de Quatre Camins, mientras los reclusos exigían un teléfono móvil y hablar con la consellera Montserrat Tura, por aquel entonces titular de Interior ya que el conseller de Justicia era Josep Maria Vallès.
Hacia las 21.30 horas, y gracias a la mediación de expertos en situaciones de crisis, los reclusos depusieron su actitud y pusieron fin al motín, cuyo origen los sindicatos atribuyeron a una orden del subdirector para abortar la entrada de un paquete de droga a la prisión.
El motín abrió un debate sobre la masificación en las cárceles catalanas que la Generalitat quiso paliar con la aprobación de un ambicioso plan de construcción de nuevos centros penitenciarios que, anteayer, implicó la inauguración de una prisión para jóvenes en el mismo complejo Quatre Camins de La Roca del Vallès (Barcelona).
