El presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Fernando Ruiz Piñeiro, ha afirmado hoy que en el Estado de derecho todos los poderes públicos están limitados por los deberes jurídicos y que incluso el poder del pueblo debe ser limitado, y el Gobierno Vasco le ha respondido que "los jueces no pueden poner límites a un pueblo".
La polémica se producido en el acto solemne de apertura del año judicial, en la que Ruiz Piñeiro ha opinado que "la falta de libertad que sufrimos los ciudadanos vascos se debe, en gran medida, al no respeto de la Ley" y ha exigido a "nuestros poderes públicos que respeten y hagan respetar la Ley".
Estas palabras del presidente del Alto tribunal vasco han sido criticadas en declaraciones a los medios informativos por el consejero de Justicia del Gobierno Vasco, Joseba Azkarraga, presente en el acto como invitado junto a otros representantes institucionales de la comunidad autónoma, quien le ha respondido que "no son los jueces los que tienen que poner límites a un pueblo".
En su intervención, Ruiz Piñeiro ha considerado que la relación entre las instituciones y los ciudadanos "no puede ser otra que la Ley y el Derecho" y ha destacado que en democracia "el monopolio jurisdiccional" es la "garantía" de los derechos fundamentales y las libertades, a lo que Azkarraga ha dicho que también deben ser garantes de "los derechos colectivos de los pueblos".
Para Ruiz Piñeiro, "la legitimación del Poder judicial se funda en la obtención y en la preservación de un orden de convivencia pública en el que garantice la libertad de los ciudadanos", y ha lamentado que en el año 2008 "los ciudadanos vascos debamos todavía reivindicar nuestra libertad".
Así, se ha preguntado por la libertad del militar asesinado en Santoña, última víctima de ETA, y la de otros muertos en atentados y ha denunciado la falta de "libertad de las personas sujetas a la violencia de persecución que debemos vivir bajo severas medidas de protección personal en el País Vasco y Navarra, por razón de profesión o cargo público", entre los que ha citado a los representantes del PSE, PP y UPN.
También ha recordado a los empresarios extorsionados por ETA, a los periodistas y a los propios jueces, para afirmar que las instituciones democráticas deben garantizar la seguridad de todos los ciudadanos.
Según ha añadido citado a varios expertos constitucionalistas, "todos los poderes se encuentran limitados por los deberes jurídicos" y su violación resulta "accionable judicialmente y de responsabilidad para sus autores", ha dicho el presidente del TSJPV, a tres meses de la celebración en dicho tribunal del juicio al lehendakari por un presunto delito de desobediencia al Tribunal Supremo.
También ha hecho suya otra cita en la que exponía que "incluso la democracia política más perfecta, representativa o directa, sería un régimen absoluto y totalitario si el poder del pueblo fuese en ella ilimitado".
Por ello, ha subrayado que "el monopolio del Tribunal Constitucional" como garantía de la adecuación de las leyes producidas por las Cortes y las Comunidades Autónomas, como hizo dicho tribunal respecto a la Ley de Consulta elaborada por el Gobierno Vasco que acordó anular.
Ruiz Piñeiro ha concluido animando a los vascos a "reivindicar su libertad" y hacerlo exigiendo a las instituciones que garanticen nuestros derechos individuales pero también exigiendo a los poderes públicos "que respeten y hagan respetar la ley, con todas sus consecuencias", ya que, el día que "la sociedad se comporte así, habremos sentado las bases para la desaparición de la violencia".
El consejero vasco de Justicia ha considerado esas palabras "más propias de la tribuna de un parlamento que de un acto judicial" y por ello, "insultántemente políticas" ya que "poner en solfa el principio democrático" de dar la palabra a un pueblo "no es una actitud democrática", ha censurado.
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