El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, ha anunciado hoy que en 2009 se abrirá un Registro de Medidas Cautelares y Sentencias No Firmes, que ampliará el actual Registro de Penados y Rebeldes para saber si una persona investigada tiene alguna causa abierta en otro juzgado.
Fernández Bermejo ha hecho este anuncio tras entrevistarse en Sevilla con la consejera andaluza de Justicia, Evangelina Naranjo, y ha dicho que el juzgado penal 1 de Sevilla, que dejó en libertad al presunto asesino de la niña Mari Luz Cortés, será uno de los primeros en ensayarlo.
Dicha aplicación informática se presentará en el primer trimestre de 2009 y se instalará en los juzgados de toda España para "ampliar la oferta" del Registro de Penados a otras restricciones judiciales que pesen sobre los imputados tales como las medidas cautelares.
El ministro, por otra parte, ha negado que las declaraciones de miembros del Gobierno sobre la multa de 1.500 euros impuesta al juez que dejó en libertad al presunto asesino de Mari Luz sea una injerencia en el poder judicial, ya que no se ha criticado "el poder judicial que detenta cada juez" y que vierte en sus sentencias.
Por el contrario, se han criticado "decisiones de un órgano constitucional" como es el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que según Fernández Bermejo "están sometidas a critica".
El saliente CGPJ ha tomado decisiones "que pueden y deben ser objeto de crítica", como el hecho de "haber aprovechado el último instante en que va a permanecer en el cargo para resolver con una sanción pecuniaria" el expediente al juez de lo penal 1 de Sevilla que "no solo a mí, sino a mucha gente, le ha parecido una provocación", ha dicho el ministro.
Fernández Bermejo también ha lamentado las movilizaciones anunciadas por los secretarios judiciales en apoyo de su compañera del penal 1, suspendida de empleo y sueldo por dos años, y les ha pedido "autocrítica, altura de miras y saber exactamente cuál es el papel institucional que tienen que cumplir", lo que considera "garantía para que las corporaciones avancen".
Los secretarios actúan "en defensa de sus intereses corporativos, les respeto pero no puedo compartir que los dos años de suspensión a la secretaria sea una decisión injusta".
Ha añadido, no obstante, que esta sanción no parecería tan injusta "si antes no se hubiera dejado en una mera multa la sanción al gran responsable del órgano judicial", que es el juez Rafael Tirado.
Por ello, rogó a los secretarios que "hagan una reflexión sobre su papel institucional, que estamos intentando potenciar porque creemos en ellos" aunque para ello "necesitamos secretarios responsables" que comprendan que "estamos ante conductas graves que han hecho un daño grave a intereses de personas y a las instituciones".
También ha negado que la secretaria sea un chivo expiatorio y que la culpa sea del sistema judicial, ya que entonces "tendríamos casos como este todos los días, pero la evidencia es que son casos excepcionales porque se tienen que dar un cúmulo de negligencias que normalmente no se dan", ha asegurado.
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