El proyecto de ley de Igualdad de Trato, que pretende erradicar la discriminación por motivos de religión, sexo, edad, raza u orientación sexual, estará listo en el primer trimestre de 2009, según informó ayer la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega.
En la rueda de prensa celebrada tras la constitución de la Comisión Delegada del Gobierno de Política de Igualdad, De la Vega explicó que esta misma semana se constituirá el comité de expertos que elaborará el borrador de esta ley, que previsiblemente estará preparado este otoño.
La vicepresidenta también anunció que el Gobierno está trabajando en "nuevas medidas" para erradicar la violencia de género, que se abordarán en la Conferencia de presidentes que tendrá lugar en septiembre y que estará dedicada de forma exclusiva a combatir esta lacra.
Entre estas iniciativas "para mejorar" la Ley contra la Violencia de Género se encuentra la puesta en marcha del segundo plan de prevención y sensibilización, además de medidas encaminadas "a seguir avanzando en la formación del profesorado y en los protocolos de actuación sanitarios".
"UNA BUENA LEY"
De la Vega aseguró que dicha norma "es una buena ley" aunque "no es la barita mágica para acabar con esta terrible lacra". "Está dando resultados positivos, pero el Gobierno nunca está satisfecho mientras sigue habiendo mujeres que mueren a causa de la violencia machista", espetó.
Así, admitió que "se deben poner más recursos y hay que corregir los fallos que se producen en el sistema", pero aseguró que se está "en el camino adecuado" para acabar con este fenómeno violento. "No es fácil pero vamos a conseguirlo. Acabaremos con el maltrato. No nos resignamos", aseveró De la Vega, al tiempo que añadió que "los maltratadores no caben en esta sociedad".
En cuanto al empleo femenino, señaló que el objetivo del Gobierno es que la tasa de ocupación de empleo masculino y femenino se igualen "en esta legislatura".
Además, el Ejecutivo socialista creará un distintivo empresarial para las empresas que tomen medidas encaminadas a conseguir la igualdad entre hombres y mujeres y para las que "incluyan prácticas de conciliación y corresponsabilidad en sus políticas de recursos humanos".
