Ya sucedió en la década de los años 90. La descomposición de los Gobiernos del PSOE presididos por Felipe González estuvo muy ligada a los escándalos en el Ministerio del Interior: el "terrorismo de Estado" a través de los GAL y el saqueo de los fondos reservados. Todo eso acabó con un ministro del Interior (José Barrionuevo), un secretario de Estado de Seguridad (Rafael Vera), un director de la Seguridad del Estado (Julián Sancristóbal) y un director general de la Guardia Civil (Luis Roldán) en la cárcel. Ahora se repite la misma historia, con circunstancias y con personajes diferentes, aunque con un denominador común: la descomposición del Gobierno del PSOE, en este caso, del presidido por Zapatero.

El auto del juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz por el que procesa al que fuera director general de la Policía, Víctor García Hidalgo; al Jefe Superior de Policía del País Vasco, Enrique Pamiés; y al inspector de policía José María Ballesteros por un delito de colaboración con banda armada en referencia al conocido como el "chivatazo" del Bar Faisán, nos retrotrae a los años mas sórdidos en la lucha antiterrorista protagonizados, ¡oh casualidad!, por gobiernos del PSOE. No estará de más recordar que el "chivatazo" a ETA el 4 de mayo de 2006 para evitar que fueran detenidos los responsables de la llamada "red de extorsión" de la banda terrorista se produjo en un momento en el que el Gobierno de Zapatero estaba metido de hoz y coz en un proceso de negociación política con ETA que acabó como acabó: con dos ciudadanos ecuatorianos muertos en la T-4 de Barajas.

Si rechazable y grave fue aquel proceso de negociación entre el Gobierno y ETA, más lo es que se supeditara al mismo la actuación de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que tienen como misión principal perseguir al delito y detener a los delincuentes. Que unos mandos policiales avisen a los terroristas para que no acudan a una cita porque de hacerlos van a ser detenidos, es algo muy grave y que traspasa todos los límites imaginables. Por eso es muy importante llegar hasta el final de los hechos y el auto del juez Ruz es un paso imprescindible para lograrlo.

Luego está el capítulo de la depuración de responsabilidades políticas. Es metafísicamente imposible pensar que uno de los procesados, el director general de la Policía, se atreviera a llevar adelante el "chivatazo" sin el visto bueno de su superior jerárquico que no era otro que el entonces secretario de Estado de Seguridad y desde hace dos días ministro del Interior, Antonio Camacho. Como también es impensable que el ministro del Interior de aquel entonces, Alfredo Pérez Rubalcaba, al menos no fuera informado por el secretario de Estado. ¿Y la "X" de todo este abominable episodio? No parece que haga falta mucha agudeza visual para despejar esa incógnita.