El Tribunal encargado de juzgar el caso 'Malaya' tiene previsto continuar este lunes las sesiones del juicio contra la presunta trama de corrupción en Marbella (Málaga) con la comparecencia de los peritos que han realizado el análisis económico de la operación inmobiliaria denominada Crucero Banús y que ya declararon la pasada semana.

Dentro de este bloque, dedicado fundamentalmente a delitos fiscales y de blanqueo de capitales, también deberá comparecer como testigos o peritos uno de los responsables técnicos de urbanismo en el Ayuntamiento marbellí, Francisco Merino; tres agentes de la UDEF/BLA de Madrid y cuatro de la Udyco Costa del Sol, según han informado a Europa Press fuentes judiciales.

Por esta operación, el fiscal Anticorrupción acusa al presunto cerebro de la trama, Juan Antonio Roca, al ex edil Pedro Román y a su hija, al letrado Juan Hoffman y al ex comisario Florencio San Agapito; aunque por otras acusaciones están procesados también el empresario José Ávila Rojas, el tasador José Mora y el ex alcalde Julián Muñoz.

Según el escrito provisional de la Fiscalía Anticorrupción, Román "se concertó" con Roca, San Agapito y Hoffman para comprar una parcela en Marbella sobre la que se conseguiría, con un convenio, "un aumento de edificabilidad para revenderla, garantizándose un beneficio económico muy superior al que resultaría de la reventa en el mercado".

Con este objeto, los aprovechamientos urbanísticos para el Ayuntamiento con la recalificación "se reducirían deliberadamente en perjuicio del Consistorio, aumentando aún más el beneficio a obtener por los imputados", dice la acusación pública, que cifra estos beneficios en más de seis millones de euros.

La operación la realiza una sociedad en Suiza que "va a comprar las participaciones sociales de la entidad titular de los terrenos", Yambali 2000. Según el fiscal, el convenio, que se celebra el mismo día de la compra de la parcela, se produce un incremento de edificabilidad de 532 a 11.406 metros cuadrados de techo.

Al mismo tiempo, incide, los aprovechamientos del Ayuntamiento "se ven reducidos, pues de los 5.442 metros cuadrados que le correspondían sólo se consignan 2.400", con lo que "el perjuicio para las arcas municipales es de casi cinco millones de euros". Luego, se transfiere parte de la sociedad a empresas de Ávila Rojas.

Los acusados han reconocido que participaron en esta operación y que obtuvieron beneficios, pero han asegurado que existía un convenio anterior que registraba los mismos parámetros para construir sobre la parcela y que estas características urbanísticas fueron establecidas por el entonces alcalde Jesús Gil.

En cuanto a los testigos que ya han declarado, una de las de las abogadas de la sociedad Planeamiento 2000 y colaboradora en esta sociedad de Roca aseguró que éste era el que negociaba los convenios urbanísticos y tomaba las decisiones no sólo en la entidad sino también en el área de Urbanismo; hecho que fue ratificado por la asesora jurídica adscrita a dicho departamento, quien precisó que Roca "tenía autoridad suficiente para impartir órdenes en muchas áreas" del Consistorio.

Por su parte, dos funcionarios de la Agencia Tributaria han ratificado que en la operación se utilizaron fondos que permanecían ocultos a la Administración Tributaria, que afloraron gracias a ésta, y han aseverado que por la citada operación no se tributó ni en España ni en Suiza. El presidente de la Sala ha solicitado a estos dos expertos y al perito propuesto por una de las defensas que hagan un resumen fundamentado sobre la operación.

El juicio del caso 'Malaya' comenzó el 27 de septiembre con las exposiciones por parte de las defensas de las cuestiones previas al enjuiciamiento, relativas a la competencia de la Sala, a la escuchas, registros, detenciones y otras supuestas vulneraciones de derechos fundamentales, alegaciones que fueron desestimadas por el Tribunal.

Una vez que termine el bloque sobre Crucero Banús comenzará otro, también relacionado con el blanqueo de capitales en el que hay una treintena de acusados, entre ellos, además de Roca, algunos de los principales supuestos testaferros de éste, como son los abogados del despacho Sánchez Zubizarreta, Óscar Benavente y Montserrat Corulla.