La Fiscalía ha archivado las diligencias que investigaban el posible carácter delictivo de la moción que el Ayuntamiento de El Ferrol (A Coruña) aprobó en marzo de 2010 en apoyo al juez Baltasar Garzón, después de que el Tribunal Supremo abriera una causa contra él por investigar la represión franquista careciendo de competencia para ello.

La investigación se inició en julio, para esclarecer si la intención del consistorio gallego era la de violentar la voluntad del magistrado instructor de la causa, Luciano Varela, puesto que el acuerdo plenario le fue remitido a su despacho.

En el documento de archivo, al que ha tenido acceso Europa Press, se señala que, tras recabar los testimonios pertinentes entre el personal del Ayuntamiento se concluye que "no hay dato alguno que permita concluir que esa fuera la intención del Pleno al aprobar el acuerdo".

El envío de la moción Varela "se debió a una falta de cuidado o de celo en la concreción del destinatario de la misma", que debería haber sido el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Dívar, tal y como constaba en el acuerdo alcanzado.

Tras recibirse el acuerdo en el despacho del magistrado instructor, el Tribunal Supremo (TS) lo denunció a la Fiscalía General del Estado, que encargó las averiguaciones a la Fiscalía de El Ferrol.

MOCIÓN

La moción, presentada por el grupo municipal de Esquerda Unida-Izquierda Unida, había sido votada a favor por esta formación, el PSOE y el BNG. El Partido Popular se había abstenido e Independientes por Ferrol votó en contra. La formación de IF sí respaldó sólo la petición de que los procedimientos por corrupción investigados por Garzón o cualquier otro juez continuasen adelante, que figuraba como cuarto punto de la moción.

El texto aprobado señalaba que "produce indignación y bochorno comprobar cómo en vez de animar la persecución de los delitos cometidos durante el franquismo, se persiga a quien intenta contribuir a hacer Justicia, en el increíble salto que supone amparar a los verdugos y abandonar una vez más a las víctimas".

La moción proseguía subrayando que "estas actuaciones judiciales comenzadas en los ámbitos de la derecha y la extrema derecha", "autores de querellas criminales admitidas a trámite, suponen un pulso inaceptable a la democracia y a la justicia".

En el acuerdo final adoptado se mostraba la solidaridad y el apoyo al juez ante "la campaña de acoso y derribo" y se "exige al Consejo General del Poder Judicial que actúe con absoluta imparcialidad en el presente auto, sin proceder a tomar decisiones de suspensión de las funciones de Baltasar Garzón".

También exigís "que las víctimas del franquismo" que dieron comienzo al procedimiento puedan ser parte en el proceso judicial, y que se diera traslado de la propuesta a la Presidencia del Consejo General del Poder Judicial.