La Asociación Preeminencia del Derecho ha presentado una denuncia ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo contra los miembros del Gobierno que sean responsables de bloquear el nombramiento en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de los cuatro magistrados que fueron designados por el Senado para renovar el Tribunal Constitucional.

La asociación, presidida por el abogado José Luis Mazón, pide al Supremo que solicite al Ministerio de Presidencia la identificación de "la autoridad responsable" de la no publicación en el BOE del nombre de estos jueces, que fueron designados por el Pleno del Senado el pasado 1 de diciembre después de tres años de retraso y que todavía no han podido tomar posesión de su cargo.

En su denuncia, la Asociación Preeminencia del Derecho estima que los hechos pueden ser constitutivos de un delito de prevaricación o "de dictado de acto o resolución patentemente arbitrario" del que responsabiliza al Gobierno por "paralizar" la publicación con el objeto de "impedir que nombren un presidente no pro-socialista" a la espera de que el Congreso alcance un acuerdo para nombrar a sus magistrados.

Para la asociación, los hechos habrían incluso impedido el "ejercicio de los derechos cívicos" por cuanto la renovación del Constitucional constituye un derecho de los ciudadanos ya que son éstos los "potenciales usuarios" de este tribunal.

CARENCIA DE TODA BASE LEGAL

Advierte de que "ninguna norma jurídica" autoriza tal bloqueo y acusa al Gobierno de "decretar una paralización de toma de funciones para que no designen a un presidente del Tribunal Constitucional que no sea de su cuerda". "Conducta que carece de toda base legal y que constituye un acto rotundamente arbitrario", añade la denuncia.

La asociación recuerda que los miembros del Gobierno son aforados y, en consecuencia, la competencia para juzgarlos recae sobre el alto tribunal. Por todo ello, solicita la apertura de una investigación para esclarecer si se ha bloqueado el nombramiento de los cuatro magistrados por "causas políticas del grupo político en poder".

Tras meses de intensas negociaciones, PSOE y PP lograron el pasado septiembre alcanzar un acuerdo para la elección de Francisco José Hernando, Adela Azúa, Luis Ignacio Ortega y Francisco Pérez como magistrados del Tribunal Constitucional que deben sustituir a otros cuatro que llevan con el mandato caducado tres años, entre los que se encuentra la presidenta del alto tribunal, María Emilia Casas.

El Pleno del Senado aprobó definitivamente a primeros de diciembre la renovación de los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional con tres años de retraso como consecuencia de la falta de acuerdo entre socialistas y 'populares'. "Gracias señorías, por fin lo hemos conseguido", celebró entonces el presidente de la Cámara, Javier Rojo, tras la votación.