La Audiencia de Cantabria ha impuesto una pena de tres años de prisión al trabajador de Aqualia, la empresa concesionaria del servicio municipal de aguas de Santander, al que se acusaba de falsificar documentos a cambio de compensaciones económicas por parte de los usuarios.

La Sección Primera le considera culpable de un delito de cohecho y otro de falsedad documental, y por eso condena también a Luis R.S. a dos años y medio de suspensión de empleo público y una multa de 1.080 euros.

El procesado se enfrentaba a una petición de penas de ocho años de prisión por parte del Ministerio de Fiscal por haber falsificado, entre 2005 y 2006, las cédulas de habitabilidad necesarias para el alta de los contratos a cambio de dinero.

Luis R.S. era uno de los empleados del Servicio Municipal de Aguas que pasó a formar parte de la plantilla de la empresa cuando se adjudicó a Aqualia, y tanto antes como después de la concesión se encargaba precisamente de la inspección de los fraudes en el suministro del agua.

La sentencia considera como hechos probados que el procesado requirió a varios usuarios dinero a cambio de realizarle trámites para regularizar la situación de su suministro, en viviendas que carecían de cédula de habitabilidad.

Fue el Departamento Comercial de Aqualia quien detectó, en marzo de 2006, que existían cédulas "simuladas" respecto a otras, en las que se intercambiaban los nombres de los titulares y sus respectivos domicilios.

Esto se ha confirmado, según la sentencia, en hasta cinco ocasiones, en viviendas en San Román, Hernán Cortes, Monte, La Puebla y la Bajada de San Juan.

El fallo señala que "no existe duda" de que el acusado solicitó y obtuvo dinero por la realización de estos "favores", aunque no se ha podido determinar la cantidad exacta por las discrepancias entre las diferentes versiones de los afectados, entre los que predominaban personas mayores.

Tampoco se ha podido confirmar que fue el acusado quien se encargó personalmente de duplicar todas las cédulas, pero sí se asume que realizó gestiones a cambio de los trámites necesarios para regularizar la situación del suministro de los usuarios, y se descarta que otros empleados de la empresa pudieran haberlo hecho. Sólo se han visto pruebas de uno de los casos, en los que la falsificación se detecta "a simple vista".

Pese a trabajar para una empresa privada, la sentencia le considera empleado público, entre otros motivos porque ya antes era un trabajador del servicio municipal y tenía una relación laboral estable e indefinida, además de ser el objeto de la empresa un bien público, como es el caso del abastecimiento de agua.

El fallo no contempla indemnizaciones, al no haberse podido comprobar con qué cantidad exacta deberían fijarse.