La juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, que investiga las presuntas irregularidades cometidas en la sociedad mixta Mercasevilla, retomará este jueves el caso con la declaración como imputada de la subjefa del Servicio de Licencias de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Emilia Barrial Chamizo, según han informado a Europa Press fuentes del caso.

Esta declaración estaba fijada inicialmente para el pasado día 24 de noviembre, pero finalmente fue suspendida y aplazada hasta este jueves, cuando la juez tomará declaración como imputada a Emilia Barrial dentro de las diligencias abiertas por la presunta venta irregular de los suelos de Mercasevilla a la compañía filial de Sando 'Sanma Desarrollos Urbanísticos', que se alzó con la adjudicación a pesar de que en el concurso público concurría una oferta superior por parte del Grupo Noga.

En un auto emitido el pasado día 12 de noviembre, al que ha tenido acceso Europa Press, la juez instructora ponía de manifiesto que "del examen de la documentación que se ha venido recibiendo, y sin perjuicio de posteriores resoluciones, se desprende la presunta participación en los hechos investigados" de la subjefa del Servicio de Licencias de la Gerencia Municipal de Urbanismo.

Se trata de la primera declaración que tomará la juez Mercedes Alaya después de que, el pasado día 10 de diciembre, la Sección Séptima de la Audiencia Provincial rechazara la recusación planteada contra la juez por el trabajo de su marido como auditor de las cuentas de la sociedad mixta, ya que entendía que la recusación planteada "carece de virtualidad para apartar a la magistrada del conocimiento del proceso por la causa consistente en tener interés directo o indirecto, al constatarse que permanece incólume su imparcialidad subjetiva".

LA RECUSACIÓN

La recusación, que únicamente hubiera afectado a la investigación por presunto delito societario, fue planteada por la representación jurídica de la ex responsable del área económico-financiera de Mercasevilla Pilar Giraldo, que argumentaba que el marido de la juez de Instrucción número 6 fue el auditor de la sociedad mixta hasta que la empresa decidió prescindir de sus servicios en verano de 2002, "lo que podría determinar que, aún sin su intención, pudiera haber perdido la imparcialidad en su actuar", llegando a tener "un interés directo o indirecto" en la causa.

Tras ello, la Fiscalía se adhirió a la petición presentada por el abogado de Pilar Giraldo, pues consideraba que "es innegable la relación del contenido objetivo de la investigación que ahora se inicia con la actividad profesional desplegada" por su marido hasta el mes de septiembre de 2002 en la citada empresa, estimando así que "ello puede tener influencia en la debida imparcialidad de la instructora".

En el auto, la Sección Séptima ensalza "la actuación absolutamente garantista y escrupulosa de la magistrada" y rechaza el incidente de recusación planteado por la defensa de Pilar Giraldo, tras lo cual además impone a la recusante el pago de las costas así como de una multa de 1.000 euros por "mala fe", pues "a sabiendas de su falsedad manifiesta que fue gerente de la empresa, cuando se ha acreditado que el máximo responsable de KPMG en sus trabajos para Mercasevilla era Fornieles, y solo hasta el año 2001, ya que la auditoría de 2002 la realizó 'Price Waterhouse Coopers'".