El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha ratificado el amparo que concedió el pasado mes de noviembre a la juez de Instrucción número 8 de las Palmas de Gran Canaria, Victoria Rosell, ante lo que ha calificado como una "desporporcionada, continua e injustificada campaña de descrédito" por parte de un diario local.

El órgano de gobierno de los jueces ha aprobado, por 13 votos a favor, tres en contra y cinco abstenciones, un acuerdo en el que confirma el amparo que la Comisión Permanente brindó a la juez el pasado 22 de noviembre y reitera que las manifestaciones vertidas por este medio contra ella sobrepasaron los límites del derecho constitucional a la libertad de expresión.

La decisión sobre el amparo a Rosell se produce después de que el pasado lunes el PP presentara ante el CGPJ una denuncia en la que se acusa a la magistrada de intervenir en la denuncia presentada contra el presidente popular en Canarias, José Manuel Soria, que dio lugar a la incoación del denominado "caso Salmón", ya archivado.

Los 'populares' piden que Rosell sea sancionada por dos faltas disciplinarias. La primera, de carácter muy grave, se relaciona con la existencia de un acta notarial que vendría a demostrar que la juez participó directamente, bien mediante la redacción bien mediante el asesoramiento, de la denuncia interpuesta en su día contra Soria.

La segunda denuncia se debe a que la juez firmó un manifiesto contra la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de archivar el caso, relacionado con un viaje del político canario a Noruega y Austria en agosto de 2005, acompañado por el empresario turístico ya fallecido Björn Lyng, cuando Soria a era presidente del Cabildo de Gran Canaria.

Por su parte, la asociación Jueces para la Democracia (JpD), a la que pertenece Rosell, ha defendido que la independencia de la juez está "sobradamente demostrada" al tiempo que ha exigido el cese de la campaña de "ataques intolerables" lanzada contra ella.

SANCIÓN A OTRA JUEZ

Asimismo, el CGPJ ha suspendido durante dos años a la presidenta de la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, Asunción Salvo Tampo, por haber cometido una falta disciplinaria muy grave al no haberse abstenido en causas en las que tenía un "interés indirecto".

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Pleno, la portavoz del Consejo, Gabriela Bravo, ha explicado que la magistrada deliberó sobre tres recursos contra resoluciones que habían sido dictadas por tribunales de los que formaba parte.