El presunto cerebro de la trama de corrupción descubierta en el "caso Malaya", Juan Antonio Roca, ha alegado hoy que no declaró a Hacienda 1,5 millones de euros que obtuvo en una operación urbanística en Marbella porque ese dinero, que tenía en Suiza, era "opaco a las autoridades españolas".

En su primera comparecencia en este juicio, en el que hay 95 procesados, Roca ha reconocido que aportó 742.000 euros correspondientes al 15 por ciento de su participación en la sociedad Lispag AG, constituida en 2001 a través de administradores fiduciarios en Suiza para hacerse con el capital de Yambali, propietaria de una parcela en Puerto Banús.

Sobre la procedencia del capital de su inversión, ha indicado que correspondía a otra operación urbanística llevada a cabo en Marbella y que no tenía obligación de tributar ese dinero en España.

El fiscal Anticorrupción se ha interesado por la participación de Roca en la negociación del convenio con el Ayuntamiento que posibilitó que la edificabilidad de la mencionada parcela se incrementase de 532 a 11.406 metros cuadrados, y que su valor aumentase en 6 millones de euros en el plazo de un año.

Roca, entonces gerente de la empresa municipal Planeamientos 2000, ha manifestado que hizo su aportación mediante cheques, que entregó al ex edil de Marbella Pedro Román, que trabajaba entonces como promotor inmobiliario, y que participó en esta operación con un 62,5 por ciento del capital.

Sobre los 1,5 millones de rendimiento que obtuvo de la mencionada operación -una vez que el 90 por ciento de las acciones de Yambali se transfirieron al promotor granadino José Ávila Rojas-, Roca ha admitido que no declaró los beneficios al fisco español y ha argumentado que no tenía que tributar por ese dinero en España.

Roca, que se enfrenta a una petición fiscal 30 años de prisión, ha sido firme en su contestación: "La pregunta es fácil señor fiscal. Si yo participo con dinero opaco a las autoridades españolas, difícilmente voy a declarar el beneficio a las autoridades españolas".

Y ha añadido que en esta operación, no le "regalan nada", porque cuando él y el ex comisario Florencio San Agapito entraron a formar parte de la sociedad, el valor de suelo era de 4.900.000 euros, en lugar de los 4.300.000 euros con el que supuestamente participaron los "socios originales", Juan Hoffmann y Pedro Román, ambos imputados en esta causa.

Sobre la negociación del convenio urbanístico con el Ayuntamiento, ha explicado que habló con el alcalde, Jesús Gil, una semana antes de reunirse con Román, y que el regidor le dijo que había que actualizar el convenio y duplicar los parámetros.

Previamente, ha comparecido ante el tribunal que enjuicia esta causa el ex comisario de Policía Florencio San Agapito -que afronta una petición fiscal de 9 años de cárcel-, quien ha asegurado que nunca habló con Roca y ha dicho que formó parte de la operación porque Román le propuso que participara porque él no tenía capacidad económica para afrontarla solo.

El "caso Malaya", cuya investigación judicial arrancó a finales de 2005, tuvo como consecuencia una medida inédita en la historia democrática: la disolución del Ayuntamiento de Marbella en abril de 2006 y la constitución de una comisión gestora hasta las elecciones de 2007.