El Tribunal del caso 'Malaya', contra la presunta trama de corrupción en Marbella (Málaga), continúa esta semana con las declaraciones de más acusados por la operación inmobiliaria Crucero Banús. Así, está previsto que este lunes comience el interrogatorio al ex comisario Florencio San Agapito y está pendiente que declare el ex asesor de Urbanismo Juan Antonio Roca, entre otros.

En esta operación, según la Fiscalía Anticorrupción, el ex primer teniente de alcalde marbellí Pedro Román "se concertó" con Roca, con San Agapito y con el letrado Juan Hoffman para adquirir una parcela en Marbella sobre la que se conseguiría, con un convenio, un incremento de edificabilidad para revenderla, garantizándose un beneficio económico muy superior".

Así, la acusación pública mantiene en su escrito inicial que con la recalificación los aprovechamientos urbanísticos para el Ayuntamiento "se reducirían deliberadamente en perjuicio del Consistorio, aumentando aún más el beneficio a obtener por los imputados" y precisa que la operación "se articula mediante la constitución por los procesados de una sociedad en Suiza".

El ministerio fiscal señala que esta sociedad "va a comprar las participaciones sociales de la entidad titular de los terrenos", Yambali 2000, por 4,3 millones de euros, y concluye que con el convenio con la corporación municipal, que se celebra el mismo día de la compra de la parcela, se produce un incremento de edificabilidad de 532 a 11.406 metros cuadrados de techo.

Al mismo tiempo, incide esta acusación, los aprovechamientos correspondientes al Ayuntamiento "se ven reducidos, pues de los 5.442 metros cuadrados que le correspondían sólo se consignan 2.400", con lo que "el perjuicio para las arcas municipales es de casi cinco millones de euros", mientras que "los procesados lograron un beneficio de más de seis millones de euros".

Las sesiones se reanudaron el pasado lunes día 13 de diciembre. El primero en declarar fue Hoffman, acusado de dos delitos de blanqueo, por los que se pide siete años de prisión y multa de 102,6 millones; y otro contra la Hacienda Pública, por el que se pide tres años y multa de 460.000 euros. Para la acusación pública, este abogado era el encargado de la estructura societaria en el extranjero de Roca.

Éste afirmó que "no tenía ni la intención ni el conocimiento" de la influencia en el convenio urbanístico para desarrollar dicha operación por parte de Roca, con quien negó tener en 2001 una relación de amistad o negocios y al que aseguró que conocía "de hola y adiós", aunque sí reconoció que éste participó con un 15 por ciento en la operación.

El segundo acusado en declarar fue Román, quien insistió en que el presunto cerebro de la supuesta trama "pagó hasta la última peseta" de lo que le correspondía invertir en esta operación y en que habló con éste y con el entonces alcalde Jesús Gil de las características urbanísticas de la parcela antes de invertir, aunque dijo que ni los beneficios ni los perjuicios dependían de Roca "sino del mercado".

Para el ex edil, la Fiscalía solicita de 21 años de cárcel por delitos contra la hacienda pública y un delito de blanqueo de capitales, con una multa de 14,6 millones. También declaró la hija de éste, que se desvinculó de los negocios de su padre y de la operación inmobiliaria. Las sesiones esta semana se celebrarán de lunes a miércoles.