El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha prorrogado indefinidamente la autorización al juez Baltasar Garzón para que pueda seguir trabajando como consultor externo de la Fiscalía en la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya (Holanda).

Según han informado hoy a Efe fuentes del órgano de gobierno de los jueces, esta decisión fue adoptada el pasado 30 de noviembre por la comisión permanente del Consejo, por mayoría.

El CGPJ autorizó a Garzón dicho traslado por siete meses el pasado 18 de mayo, pocos días después de ser suspendido cautelarmente de sus funciones en la Audiencia Nacional al haberle abierto juicio oral el Tribunal Supremo (TS) por declararse competente para investigar los crímenes del franquismo.

La autorización finalizaba en los próximos días, pero recientemente Garzón reclamó al Consejo que fuera prorrogada toda vez que el fiscal jefe de la CPI, el argentino Luis Moreno Ocampo, le había ofrecido que continuara su trabajo como consultor en ese tribunal.

La petición de Garzón fue estudiada por el Consejo junto con la documentación del fiscal, según las mismas fuentes, y se decidió por mayoría "concederle dicha autorización sin límite de tiempo".

El acuerdo de la comisión cuenta con el voto favorable del presidente del CGPJ y del TS, Carlos Dívar, y de los vocales Manuel Almenar y Margarita Robles, la abstención de la vocal Almudena Lastra y el voto en contra de Antonio Dorado.

La decisión del Consejo del 18 de mayo de autorizar el traslado contó con los votos particulares de Lastra y Dorado.

Lastra entendía que debía haberse declarado al juez en situación de servicios especiales, tal como éste había solicitado, y Dorado que puesto que se le había rechazado declararle en servicios especiales la comisión permanente no debía haberse pronunciado sobre el traslado a La Haya hasta que el propio Garzón hiciera una nueva solicitud.

El juez solicitó la autorización al CGPJ para trabajar en la CPI el pasado 11 de mayo, después de que Luis Moreno Ocampo le ofreciera un puesto de consultor externo por un periodo de siete meses para contar con su experiencia en la investigación de crímenes organizados y masivos.