La Audiencia de Málaga ha condenado a una pena de cuatro años de prisión y una multa de 15.000 euros al ex encargado de control y vigilancia de zonas rurales de la localidad malagueña de Cártama por un delito continuado de cohecho por pedir dinero a vecinos para impedir sanciones, paralizaciones o por ocultar expedientes urbanísticos.

Asimismo, en la sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press, se condena a otro acusado a un año de cárcel por un delito de cohecho, al considerarse que abonó al primer procesado 9.000 euros, cantidad que se le impone como multa; mientras que se absuelve al tercer acusado, un traductor, que ya fue declarado inocente por el jurado popular.

Así, se declara probado en la resolución que el que fuera en 2004 encargado de la patrulla verde solicitó en cinco ocasiones a vecinos distintas cantidades de dinero, que oscilaron entre los 6.000 y los 18.000 euros, diciéndoles que intermediaría para regularizar construcciones, desaparición de expedientes o evitar precintos o multas.

En una de estas ocasiones, contactó con uno de los acusados al que pidió primero 9.000 euros y luego 6.000 a cambio de paralización de los expedientes, abonando éste la primera cantidad solicitada "a sabiendas de que dicha suma no era para el Ayuntamiento", sino que era para el procesado, por lo que ha sido condenado, al considerar que lo hizo "para ahorrarse el pago de la multa impuesta".

Los jurados tuvieron en cuenta para su veredicto de culpabilidad del principal acusado las declaraciones de los procesados, de los testigos presenciales de los hechos y de la documentación que está en la causa; aunque no consideraron probado cinco hechos por los que se le acusaba, ya que las declaraciones no estaban corroboradas por otras pruebas o había contradicciones.

En la sentencia se precisa que el principal procesado "abusó de su condición de encargado de la patrulla verde y se dedicó a pedir cantidades de dinero a varios vecinos, propietarios de parcelas, ofreciéndoles a cambio lograr la paralización, ocultación o desaparición de los expedientes iniciados por el Ayuntamiento por construcciones ilegales".

Asimismo, el Tribunal entiende que éste "hizo uso de su cargo con desprecio total a la función pública que tenía encomendada, con deterioro de la eficacia del servicio público que debía atender y del prestigio y confianza de la sociedad en esa función y en los funcionarios que la desempeñan", con lo que "vulneró el bien jurídico".

En este punto, se incide en que en lugar de un correcto desempeño de su función "su conducta se encaminó a obtener un lucro ilícito ofreciendo a cambio la realización de actos manifiestamente antijurídicos, perseguibles penalmente, con plena conciencia de la ilicitud".