El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ha negado que el Ministerio Público haya asesorado a EEUU para impedir el procesamiento de militares de este país en causas como la de la muerte del cámara José Couso en Irak, mientras IU y la familia del fallecido han pedido su dimisión.

Esta ha sido una de las consecuencias de las nuevas revelaciones de los documentos filtrados por Wikileaks y publicados por El País, que aseguran que la Fiscalía realizó varias recomendaciones a la embajada de EEUU sobre la estrategia jurídica a seguir para evitar que fueran procesados los tres militares norteamericanos imputados en la causa abierta por la muerte de Couso.

"Por favor, respetemos el criterio de jueces y fiscales y no atendamos a cables diplomáticos para hacer una valoración de comportamientos que no han sido contrastados", ha dicho Conde-Pumpido, cuya dimisión han reclamado los familiares del cámara de Telecinco fallecido en Irak el 8 de abril de 2003.

Javier Couso, hermano de la víctima, ve indicios de delitos graves, incluso de encubrimiento, en las nuevas informaciones, y ha confirmado a Efe que sus abogados todavía están estudiando si emprenden acciones legales y en qué sentido.

Desde la Unión Progresista de Fiscales (UPF) también se ha exigido a la Fiscalía que ofrezca explicaciones detalladas sobre las supuestas presiones de EEUU para disipar cualquier "atisbo de duda" que pueda surgir sobre el escrupuloso respeto a la legalidad y los principios constitucionales que debe mantener la institución.

Por su parte, IU estudia pedir las comparecencias del presidente del Gobierno y la ministra de Exteriores, junto a la del fiscal general del Estado, para que expliquen al Congreso las "injerencias inaceptables" de Estados Unidos.

El portavoz de IU en la Cámara Baja, Gaspar Llamazares, ha exigido también las dimisiones de Conde-Pumpido y del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, por "obstrucción a la Justicia" y ha pedido a la titular de Exteriores, Trinidad Jiménez, que explique si, como se ha publicado, varios ministros españoles "trabajaban" para evitar la detención de militares estadounidenses.

A falta de una nueva reacción por parte del Gobierno, hoy ha sido la secretaria de Política Internacional del PSOE, Elena Valenciano, la que ha defendido la aplicación estricta del estado de Derecho y la independencia de jueces y fiscales.

Valenciano ha señalado que incluso aunque hubiera conversaciones entre algún diplomático estadounidense y algún miembro de la Fiscalía, cosa de la que ella duda, otra muy distinta es que haya habido influencias en un sentido o en otro.

Desde CiU, su portavoz parlamentario, Josep Antoni Duran Lleida, reconoce que las filtraciones "ponen en apuros" a la administración norteamericana, pero ha abogado por "recomponer" la situación y no "rasgarse las vestiduras".