El embajador de Venezuela en Madrid, Julián Isaías Rodríguez, expresó este miércoles su sorpresa por la decisión del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de "interesarse por las razones y condiciones" de la detención de la jueza venezolana María Lourdes Afiuni y preguntó a este órgano qué ocurriría si la Justicia de su país hiciera lo propio con el caso del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón.

"El órgano competente para dar respuesta al Consejo General del Poder Judicial es el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, sin embargo, nos preguntamos qué pasaría si el máximo tribunal venezolano acordara 'interesarse por las razones y condiciones' o bien 'expresar su preocupación' ante la Justicia española, por haber decidido suspender al juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, por presunta prevaricación al ordenar una investigación por los crímenes del franquismo", afirma Rodríguez en un comunicado.

Asimismo, el embajador, que destaca es también "abogado especialista en derecho procesal", se pregunta "qué pasaría si la Justicia venezolana manifestara su preocupación por la referida decisión del Consejo General, de modo tal que la decisión contra el juez Garzón 'sea compatible con los textos internacionales que garantizan la independencia judicial'".

Por último, expresa "el debido y cortés acatamiento a la posición de pleno respeto a la soberanía nacional del Reino de España y a la independencia intachable e irreprochable del poder judicial" español.

El martes, el CGPJ, a iniciativa de la Comisión de Relaciones Internacionales, había decidido trasladar a Venezuela su "preocupación" por el arresto de la juez Lourdes Afiuni Mora, al considerar que "no se conocen las razones de su detención" ni "sus condiciones de reclusión".

El CGPJ, que manifestó su "pleno respeto a la soberanía nacional venezolana y a la independencia del poder judicial del país hermano", se dirigió al Tribunal Supremo de la República Bolivariana de Venezuela interesándose por "las razones y condiciones de tal detención, de modo que sean compatibles con los textos internacionales que garantizan la independencia judicial y los derechos humanos".

La magistrada fue encarcelada en 2009 después de conceder la libertad condicional al empresario Eligio Cedeño, considerado corrupto por las autoridades venezolanas. El pasado 8 de agosto el Parlamento europeo aprobó una resolución en la que reclamaba al Ejecutivo de Hugo Chávez que ponga en libertad a la magistrada y respete la independencia del poder judicial y el Estado de derecho.