Los ex directivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce se han acogido este jueves "a su derecho a no declarar" para rechazar someterse en la Comandancia de la Guardia Civil de Sevilla a una prueba de voces indubitadas y así cotejarlas con las registradas en la grabación donde supuestamente Mellet y Ponce solicitan a dos empresarios del Grupo La Raza, Pedro Sánchez Cuerda y José Ignacio de Rojas, una comisión de 450.000 euros para desarrollar un proyecto de una escuela de hostelería.

El representante legal de Daniel Ponce, Simón Fernández, explicó a Europa Press que los dos ex directivos de Mercasevilla se han personado en la Comandancia, donde estaban citados a las 10,30 horas junto a los dos empresarios citados, pero han tomado esta decisión al afirmar que existían "informes previos que evidenciaban faltas de garantías procesales".

La juez instructora del caso Mercasevilla, Mercedes Alaya, que había solicitado un informe pericial de cotejo de voces al Departamento de Acústica Forense de la Guardia Civil de Madrid, citó a estas cuatro personas después de que el Instituto Armado, en un oficio remitido al Juzgado a principios del pasado mes de junio, asegurase que, una vez analizada la grabación remitida, la misma "supera la instrucción técnica de este departamento sobre calidad de las evidencias para su uso en cotejos de voces".

En el oficio remitido al Juzgado, al que tuvo acceso Europa Press, la Guardia Civil solicitaba, en primer lugar, "la manifestación de la persona que realizó la grabación dubitada con el mayor detalle posible", todo ello "al objeto de autenticar la evidencia legal remitida", mientras que, en segundo lugar, consideraba que "se debe proceder a la toma de voces indubitadas de los interesados en un entorno acústicamente controlado", motivo por el que solicitaba que se citara a los mismos para realizar esta toma de voces "bajo la supervisión técnica" de personal del Departamento de Acústica Forense.

Tras ello, la juez Mercedes Alaya dictó un auto, con fecha de 17 de junio de 2010, en el que libraba de oficio a la Policía Judicial "para que reciban declaración a la persona que realizó la grabación dubitada, para que especifique detalladamente cómo se llevó a efecto la grabación o el entorno", acordando que, posteriormente, esta declaración se remitiera al Instituto Armado para la elaboración del informe pericial.

Conviene recordar que, durante la vista prevista por la Ley del Tribunal del Jurado que se celebró el pasado día 10 de marzo, la juez instructora aceptó la petición realizada por la representación jurídica del PP para que la Policía Científica realizara un análisis de voz de la grabación de fecha 27 de enero de 2009, aunque la Policía Científica concluyó que la grabación presentaba una calidad "insuficiente" para la realización de un informe pericial.