El tribunal, compuesto por los jueces Alfonso Guevara, Angeles Barreiro y Clara Bayarri, ha resuelto favorablemente el recurso de apelación que interpusieron las defensas de los tres imputados --Mikel Ayestaran Olano, Bittor González Villamayor y Xumai Matxain Arruabarrena-- a la denegación de libertad provisional dictada por Grande Marlaska.

Además de acordar prisión provisional eludible bajo fianza de 18.000 euros, la Sala ha ordenado que los tres supuestos miembros de SEGI comparezcan semanalmente en el juzgado más próximo de su domicilio, con la advertencia de que, de no hacerlo, volverían a ingresar en la cárcel.

En los tres autos, de los que ha sido ponente la magistrada Barreiro, el tribunal admite que la investigación en relación a la presunta participación de los recurrentes en un delito de integración en la organización ilegal SEGI es "un presupuesto formal para la prolongación de la medida adoptada" por el juez en noviembre de 2009.

Sin embargo, afirma que al no disponer de "más datos que destaquen un avance efectivo de la instrucción" y dado que las diligencias "no avocan a la fase de sumario", es necesario evaluar la conveniencia de mantener la prisión provisional, que busca "soslayar el riesgo de fuga".

Así, y dado que en los tres casos concurren "elementos que los sitúan en un entorno de localización permanente y, por ende, de sujeción a la causa", considera pertinente modificar su situación personal.

En concreto, Ayestaran alegó en su recurso que cuenta con domicilio estable, "familia estructurada" y está realizando estudios en Valencia, pendientes del proyecto de fin de carrlera. Mientras tanto, González Villamayor justificó que tiene "relación y domicilio estables" y un trabajo con contrato en el sindicato LAB y Matxain Arruabarrena, que tiene domicilio estable y "familia estructurada", y está realizando estudios que compagina con un trabajo por cuenta ajena.

SEGI, "ACADEMIA TERRORISTA" SEGÚN MARLASKA

Los tres fueron detenidos junto a otros 31 jóvenes en una macrooperación simultánea de la Guardia Civil y la Policía Nacional en el País Vasco y Navarra el pasado 24 de noviembre. Días después comparecieron todos ante el juez Grande-Marlaska, que envío a prisión a 30 y dejó en libertad a cuatro.

En el auto que argumentaba su decisión de ingreso en prisión, el magistrado afirmaba que la organización abertzale juvenil no es "sino un tentáculo de ETA", que es "utilizado de forma estructurada cuando conviene a la banda" y que se ha convertido en "una auténtica 'academia terrorista'".

Grande-Marlaska alertaba de que el "peligro" al que se enfrenta la sociedad es "una organización juvenil radical, antesala de lo que será la propia organización terrorista, fuerte, con estructuras definidas, sabiendo cuáles son sus objetivos a alcanzar y, lo más peligroso, con una fuerte base ideológica".