Según ha informado la citada asociación, la finalidad esencial que se persigue con la interposición del recurso es defender la independencia judicial en la variante económica y "tratar de poner límite a las continuas interferencias del Ejecutivo a través de las retribuciones de los jueces en su independencia, utilizando sus competencias en esta materia como una de las formas más eficaces para controlar el Poder Judicial".

Buscan además que la posibilidad de que el Poder Ejecutivo pueda rebajar sin más el sueldo a los integrantes del Poder Judicial llegue finalmente al Tribunal Constitucional a través del planteamiento de la preceptiva cuestión de inconstitucionalidad.

El pasado 31 de mayo, representantes de las cuatro asociaciones judiciales -Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Jueces para la Democracia (JpD), Francisco de Vitoria (FdV) y FJI - se reunieron con el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Dívar, ante quien manifestaron que el recorte de salarios que se les comenzaba a aplicar en cumplimiento del decreto ley de medidas de ajuste aprobado por el Gobierno es "arbitrario, desproporcionado y discriminatorio" con respecto a otros funcionarios de su mismo nivel retributivo.

Consideran las asociaciones que es injusto que se les rebaje un 9,73 por ciento del salario base más un 6 por ciento en los complementos de destino, porque de este modo se les considera como "altos cargos" mientras funcionarios de similar nivel sólo verán menguados sus ingresos en un 5 por ciento de media.

En dicha ocasión, las asociaciones ya advirtieron que no se ha seguido el trámite legal y reglamentario para reducir sus salarios puesto que ellos, al contrario de otro tipo de funcionarios del Estado, gozan de independencia económica y tienen su propia ley de retribuciones. Por ello, plantean que modificar sus retribuciones mediante el citado decreto ley puede llegar a ser inconstitucional.