La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha mantenido hoy su petición de cinco años de prisión para el ex dirigente etarra Javier García Gaztelu por proporcionar armas a dos integrantes del "comando Aralar" y ordenarles viajar a Madrid para recabar datos sobre posibles objetivos de ETA en 2000.

Durante la segunda sesión del juicio, que ha quedado visto para sentencia, la fiscal Teresa Sandoval ha sostenido que en octubre de 2000 el acusado era el responsable del aparato militar de ETA y fue él quien facilitó a las etarras Nerea Garro y Ainara Esteran -ya condenadas a nueve años y medio por estos hechos- dos pistolas y documentación falsa.

Ambas han asegurado hoy en la vista no conocer a García Gaztelu y no recordar nada sobre los hechos, Garro porque todavía está "pagando las consecuencias" de los cinco días que permaneció incomunicada durante los cuales los agentes le "dictaron" lo que debía decir, y Esteran porque "ha pasado mucho tiempo".

Sin embargo, la representante del Ministerio Público, que acusa a "Txapote" de dos delitos de terrorismo, uno en relación con uno de tenencia ilícita de armas y otro en relación con un delito continuado de falsificación de documento oficial, ha afirmado que las dos integrantes del "comando Aralar" han asegurado en sede policial de forma "totalmente espontánea" que fue el acusado quien les dio las armas y la documentación falsa.

La fiscal señala que en octubre de 2000, "Txapote" ordenó a las etarras que fueran a Madrid "a fin de que conocieran la ciudad, y una vez la dominaran, elaboraran informaciones detalladas de jueces, políticos, militares o miembros de las fuerzas de seguridad".

Asimismo les ordenó buscar aparcamientos donde pudieran pasar desapercibidos los vehículos que la banda robara para utilizar en futuros atentados.

El 28 de octubre, Garro y Esteran recibieron dos pistolas con cargadores y cartuchos, dos fundas de pistola, un millón y medio de pesetas, 3 juegos de DNI y permisos de conducir falsos, además de otros documentos falsificados.

Un día después llegaron a Madrid y se reunieron con Asier Urretavizcaya y Víctor Goñi -ya condenados por colaboración y pertenencia a banda armada, respectivamente- y este último les cedió la habitación que él ocupaba en la calle Infantas de Madrid para que se alojaran y donde se incautó todo el material citado.

No obstante, fueron detenidas el 6 de noviembre de ese año en las inmediaciones de la embajada de Cuba en Madrid, donde pidieron asilo político, que les fue denegado.