La defensa del ex presidente de Baleares Jaume Matas (PP) ha remitido un escrito al juzgado instructor del "caso Palma Arena", por el que está en libertad bajo una fianza de tres millones de euros, un escrito en el que afirma que ni él ni su esposa, Maite Areal, tienen propiedades en otros países.

Matas se enfrenta a una imputación por doce delitos de corrupción a raíz de su gestión durante la pasada legislatura, especialmente respecto a supuestos desvíos de fondos en la construcción del velódromo Palma Arena, que costó más del doble de lo presupuestado, y al incremento patrimonial que registró en ese periodo.

En el escrito remitido esta semana al juez José Castro, titular del juzgado de instrucción número 3 de Palma, el abogado de Matas, Rafael Perera, informa de que su defendido solo tuvo tres cuentas bancarias durante su estancia en Estados Unidos desde 2007 hasta 2010, cuando regresó a España por requerimiento judicial.

Dos de esas cuentas figuran como canceladas. En un caso se trata de una cuenta en Washington y el motivo de la cancelación fue el traslado de Matas de esa ciudad a Nueva York.

En el caso de la segunda cuenta cancelada, domiciliada en Miami, se produjo por el cese de actividad de la empresa consultora LLC, creada en su momento por el ex presidente.

La tercera cuenta está radicada en Nueva York y fue abierta en 2009 por Matas.

En el escrito se afirma que, "a excepción de dichas cuentas, Jaume Matas y/o su esposa no han tenido, ni tienen, ninguna otra, ni en USA ni en ningún otro país del mundo, fuera de España".

El escrito, enviado al juzgado con el fin de facilitar la investigación y "para coadyuvar al conocimiento de la verdad", afirma además que ninguno de los dos "tienen, ni han tenido, otras propiedades o titularidades en países extranjeros, ni a su nombre ni al de personas o entidades interpuestas".

Añade que durante su estancia en Estados Unidos, el ex presidente únicamente tuvo en su propiedad un vehículo para trasladarse a su trabajo.

El escrito finaliza diciendo que Matas aportará al juzgado los extractos bancarios de las citadas cuentas, y adjunta tres documentos fiscales del año 2008.

El juez José Castro acusa al también ex ministro de Medio de Ambiente de siete delitos de malversación de caudales públicos, un delito de falsedad en documento oficial, otro de prevaricación administrativa, uno de fraude a la Administración, uno de blanqueo de capitales y un delito electoral.