Comienza el juicio contra el Guardia Civil que disparó y mató a su pareja en Cambados

15/06/2010 09:02:26

El agente de la Guardia Civil Jaime Maiz S., de 34 años, acusado de asesinar a su pareja en 2007 de un disparo cuando ella se disponía a denunciarlo por agresión en el cuartel de la localidad pontevedresa de Cambados, deberá comparecer hoy ante la Audiencia Provincial de Pontevedra.

Un jurado popular será el encargado durante tres días de dirimir sobre su culpabilidad o inocencia en la vista oral del juicio por la muerte de su pareja, María Luz Pose Fernández, de 43 años, cuando ésta iba a denunciar al agente por amenazas y acoso, el 15 de diciembre de 2007.

La mujer, acompañada de una amiga, en el momento de denunciar la agresión en las dependencias de la Guardia Civil fue sorprendida por el agente que, tras varios gritos, subió a su vivienda, regresó con un arma en la mano y, según los testigos, le disparó desde una distancia de unos cuatro metros y la mató.

El fiscal solicita 20 años de prisión para el agente, ya que apunta como atenuante el hecho de que tenía adicción al alcohol, una petición que los familiares de la víctima consideran insuficiente.

La acusación particular, en cambio, considera que el alcoholismo no debe constituir un atenuante y solicita también 20 años de prisión.

Por su parte, la defensa pide su libre absolución.

Maiz, natural de Ferrol, se encuentra en libertad provisional después de que la titular del juzgado número 3 de Cambados acordara el pasado 4 de febrero mantener esta situación, hasta la celebración del juicio, y acordara retirarle el pasaporte.

El acusado tuvo que comparecer diariamente en los juzgados de Ferrol y tiene una orden de alejamiento y de incomunicación de la familia de la víctima.

La situación de libertad provisional del agente se produjo debido a una "distinta interpretación" entre la Audiencia de Pontevedra y el Juzgado de Cambados sobre el cómputo de la prisión preventiva, lo que ha suscitado amplia controversia sobre el tratamiento acordado al agente.

Precisamente, los familiares han llevado a cabo una campaña que ha incluido al recogida de 25.000 firmas en favor de que no se repitan ese tipo de decisiones que permiten a agentes sospechosos de esos delitos permanecer en libertad.

La familia reclamó al Valedor do Pobo de Galicia una modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que los asesinos confesos no puedan quedar en libertad provisional en espera del juicio.