En un escrito enviado al juez que instruye el caso, la defensa asegura que la comisión no tiene delimitado su ámbito de actuación, lo que podría suponer "un serio riesgo" para la acción de la Justicia y provocar un "juicio paralelo, llevado a cabo por un órgano imparcial que puede condicionar la posterior actuación del juez".

Según el escrito, el 90% de los comparecientes en la comisión coinciden con personas que han sido o serán imputados, testigos o peritos, con interés y relevancia en el proceso penal y, además, se ha requerido la aportación de documentos que han sido o habrán de ser aportados en el proceso.

La defensa hace especial mención a la comparecencia ante la comisión de los inspectores de Hacienda que han sido designados peritos judiciales y aun están elaborando el informe pericial sobre al documentación incautada.

Aseguran que el contenido de estos informes, que aun no ha sido presentado al juzgado, es desconocido para las partes y "resultaría insoportable" para un proceso con las debidas garantías, que se conociera el contenido a través de "valoraciones de partidos políticos o opiniones vertidas en los medios de comunicación".

En el escrito, apuntan que "no puede obviarse" que la decisión de crear la comisión nace de "la publicación en un medio de comunicación de documentos que se hallan en poder de los peritos judiciales para proceder a la emisión de un dictamen y hasta la fecha ni siquiera están incorporados a la causa".

Por todo eso, piden al juez que comunique al presidente de la comisión que no es procedente citar a Millet, Montull y su hija, Gemma Montull, así como a otras personas que han sido o serán testimonios en la causa penal.

En caso de que el juez no lo crea conveniente piden como alternativa que se adopten las medidas necesarias para comunicar expresamente a todas las personas que comparezcan, su derecho a no declarar y no aportar la documentación que le sea requerida y esté relacionada con el proceso penal, sin que esto suponga un "menoscabo en su honor y reputación pública".