La familia de Ana María Barroso Albarrán, una de las cinco víctimas mortales del caso del derrumbe del muro del Bazar España, ocurrido el 31 de diciembre de 1998 en la capital hispalense, ha formalizado en los últimos días una demanda en la jurisdicción contencioso-administrativa contra el Ayuntamiento, después de que una indemnización propiciara que Hacienda les reclamara un montante de unos 40.000 euros por haber sido declarada como si se tratase de una subvención del Consistorio a estas familias.

Según informaron a Europa Press fuentes del caso, el proceso se ha formalizado después de que el Consistorio haya remitido al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Sevilla documentación con la cual se zanjaba la información que la corporación podía facilitar sobre el caso, después de un requerimiento judicial para que la administración aportara más datos.

En este sentido, la representación legal de la familia consideró el expediente "incompleto", ya que únicamente hacía referencia al accidente en sí y no a la reclamación patrimonial que en su momento se interpuso, lo que creen clave para el caso que se instruye.

La demanda de la familia de la joven se basa en el coste fiscal que para los Barroso Albarrán tiene el "error administrativo" de tramitar la indemnización como una subvención, "ya que a nadie se le subvenciona la muerte de un hijo".

De hecho, la representación legal de la familia critica que cuando el 20 de enero de 2009 se pidió por vía administrativa al Ayuntamiento --que llegó a admitir a trámite la reclamación de responsabilidad patrimonial de la familia-- el pago de los daños no hubo ningún tipo de respuesta.

La vertiente judicial ya dio la razón a Hacienda, "que cumplía con su deber, pues si se tramitó la ayuda como subvención ésta está sujeta al IRPF", según ya señaló a Europa Press la madre de la joven, Ana Albarrán, que culpó al Consistorio de lo sucedido. Sobre Monteseirín --que el pasado verano aseguró que la fórmula utilizada para el pago fue la que le aconsejaron los técnicos-- recalcó que "como alcalde, como político y como persona" le ha decepcionado.

Apostilló, como ya ha hecho en otras ocasiones, que si la situación la obliga a abandonar su domicilio se pondrá delante de las puertas del Ayuntamiento, para dar a conocer su caso.