El Colegio Nacional de Secretarios Judiciales (CNSJ) pidió hoy al ministro de Justicia, Francisco Caamaño, un "compromiso de futuro" en materia retributiva para que se solucione la "doble afectación" del colectivo en esta materia, por el recorte salarial aprobado por el Gobierno y por la "deuda" que la Administración mantiene con los secretarios judiciales por "la asunción de nuevas responsabilidades en las leyes de reforma procesal y en la Nueva Oficina Judicial".

Esta es una de las reivindicaciones fruto de las asambeas informativas que el sindicato de fedatarios públicos ha celebrado hoy en toda España para tratar los asuntos más trascendentes que afectan a la profesión, especialmente la cuestión económica, y al proceso de modernización de la Justicia.

Según un comunicado, en las asambleas se ha puesto de manifiesto la "preocupación" del Colegio Nacional por la situación de crisis económica en la que está sumida el país de los que se van "conociendo cada vez peores datos que hasta no hace mucho no se publicitaron" por parte del Gobierno.

Además, han decidido "protestar enérgicamente" por las recientes medidas de recorte salarial, tomadas de manera "sorpresiva e innegociada", y que afectan a los secretarios judiciales "doble e injustamente", por unirse al conflicto existente en materia salarial con el Ministerio de Justicia.

Por lo que se refiere a la modernización de la Justicia, los secretarios judiciales han reafirmado su "compromiso" con este proceso, aunque han expresado su "preocupación" por su continuidad, a pesar de que el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, se comprometió a su mantenimiento inmediato durante la celebraciónd el Congreso que celebró el CNSJ la semana pasada en Palma de Mallorca.

LA NOJ, UNICA SOLUCION PARA SALVAR LA JUSTICIA

En opinión del sindicato, la Nueva Oficina Judicial es "la única medida adecuada en su componente organizativo, procesal y tecnológico" que puede "salvar a la Justicia del estado actual de sobrecarga, lanzándola hacia un servicio público de calidad y de futuro, sin derroches de recursos públicos".

En las asambleas, se ha hecho también patente la preocupación por la "carencia de medios de todo orden, material, humano, tecnológico y sobre todo organizativo" de las oficinas judiciales y han demandado a todas las Administraciones públicas, centrales o autonómicas, con competencia en la materia "un esfuerzo inteligente y proporcional para la mejora del servicio público y la generación de un mejor entorno y condiciones de trabajo".

En cualquier caso, han ofrecido "diálogo y consenso" al Ministerio de Justicia y demás Administraciones competentes y han pedido "muy especialmente" que se retome la línea de negociación que "siempre se había mantenido" con las asociaciones profesionales.