El magistrado del Tribunal Supremo Manuel Marchena ha citado como testigo para el próximo día 2 al que fuera presidente de Cepsa en 2005, Carlos Pérez de Bricio, para tomarle declaración sobre una donación de 100.000 dólares realizada por esta compañía a un centro de leyes de la Universidad de Nueva York donde se realizaron unas conferencias organizadas por el juez Baltasar Garzón.

Esta comparecencia se produce después de que el pasado 26 de mayo testificara en esta causa el vicepresidente segundo y consejero delegado del Banco Santander, Alfredo Sáenz, quien negó conocer ningún detalle del patrocinio que esta entidad bancaria y también Cepsa, participada entonces por el Santander un 35,9 por ciento, prestó a los cursos dirigidos por el juez de la Audiencia Nacional.

Al término de la citada declaración, el abogado de Garzón en esta causa, el ex fiscal de la Audiencia Nacional Enrique Molina, negó que su cliente pidiera dinero a la compañía de carburos para financiar sus conferencias en el centro de leyes neoyorquino.

Sí reconoció, no obstante, que Garzón hizo llegar al presidente de la compañía, Carlos Pérez de Bricio, una carta en la que la directora del centro, Karen Greenberg, ponía en conocimiento de la empresa española el proyecto de conferencias y su presupuesto, y que Cepsa finalmente aportó un donativo de 100.000 dólares.

El pasado 19 de enero también declaró en esta causa el presidente del Santander, Emilio Botín, quien aseguró ante el magistrado instructor del Supremo que su entidad bancaria "jamás" entregó dinero a Garzón por dirigir los cursos ni trató ninguna cuestión económica con él, ya que las conversaciones sobre el patrocinio se mantuvieron entre la Universidad y el director del Santander en Estados Unidos, que en esos momentos era Gonzalo de las Heras.

Los letrados querellantes, José Luis Mazón y Antonio Panea, sostienen que Garzón gestionó y obtuvo 302.000 dólares del Banco Santander para el patrocinio de sus conferencias y la escolarización de su hija y relacionan los cobros con el archivo por su parte, tras su regreso a la Audiencia Nacional, de una querella que se había presentado contra Botín y otros directivos de la entidad por el caso denominado "caso de las cesiones de crédito".

Por lo que se refiere a Cepsa, Mazón y Panea consideran que los 100.000 dólares que han sido reconocidos por la compañía de carburos como donación para las conferencias suponen una "cuantía sustancialmente coincidente" con los honorarios percibidos por el querellado en el periodo de marzo a diciembre de 2005.

Las declaraciones de testigos proseguirán el próximo 10 de junio con la comparecencia de la directora adjunta del Centro Rey Juan Carlos, Laura Turégano.