Según consta en el escrito de acusación pública, al que tuvo acceso Europa Press, el procesado, de iniciales M.M.S.P., comenzó a contraer deudas económicas en los últimos años de la década de los 90 y, cuando su situación comenzó a ser delicada, decidió, en 2003, ofrecer negocios a sus clientes, que conocían sus aptitudes en derecho, sobre todo en el mercado inmobiliario.

Les proponía, tanto a ellos como a sus familiares y amigos, obtener la cesión de remates de fincas que iban a ser subastadas en distintos juzgados de primera instancia de Granada, con unas condiciones económicas "muy favorables y tentadoras" para los potenciales inversores. En algunos casos, según relata el fiscal, esos procedimientos no existían y en otros sí, pero referidos a fincas de titularidad diferente a la manifestada por el acusado.

El abogado exhibía a sus clientes ciertos documentos judiciales "en apoyo de sus pretensiones" con los sellos del juzgado, las firmas del juez, el secretario judicial y, en algunas ocasiones, hasta con la firma del comisario de la quiebra, que no habían sido sin embargo estampadas por éstos, sino por el propio procesado.

Todo ello, señala el Ministerio Público, para "mover" a sus clientes a la realización de dichas operaciones y satisfacer su ánimo de lucro ilícito, obteniendo grandes cantidades de dinero para sufragar las operaciones de cesión de remate "que no eran reales". Con este dinero lograba el letrado los fondos necesarios para cubrir sus créditos con otros inversores y acreedores anteriores y por otras operaciones acometidas con anterioridad.

Así, entre el año 2003 y el mes de enero de 2004, consiguió de casi una treintena de personas más de 2,6 millones de euros. No obstante, empujado por la situación en la que se hallaba, el abogado se personó el 7 de febrero de 2004 en el Juzgado de Guardia de Granada para confesar su participación en los hechos narrados, lo que permitió el inicio de la investigación judicial. El letrado consignó durante la instrucción de la causa un total de 210.000 euros en concepto de responsabilidad civil derivada.

El fiscal, que le acusa de un delito continuado de falsedad en documento oficial en concurso medial con otro continuado de estafa, pide para el procesado, además de la pena de cárcel y multa, el pago de todas las cantidades recibidas por los perjudicados.

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Granada será la encargada de enjuiciar el próximo 15 de junio al abogado, que permaneció en prisión preventiva durante casi un mes de 2004.