El juez español Baltasar Garzón mantuvo hoy una jornada llena de reuniones, en su primer día de trabajo completo como asesor de la fiscalía en la Corte Penal Internacional (CPI).

"Garzón ha estado reunido gran parte del día y aún no hemos podido hablar con él", explicaron a Efe fuentes de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, que el 12 de mayo solicitó al magistrado español su colaboración en calidad de asesor.

Tras instalarse en la sede del CPI el lunes -jornada en la que Holanda celebraba la festividad nacional de Pentecostés- y tener los primeros contactos con los empleados de la Fiscalía, Garzón volvió hoy a su despacho en La Haya con una agenda más apretada.

El fiscal de la CPI, Luis Moreno Ocampo, ya ha dicho que quiere que Garzón les ayude a desarrollar nuevos métodos de investigación, aprovechando la experiencia del juez español en crímenes realizados por entidades estatales.

Todavía se desconocen las áreas concretas o los países con los que Garzón estará vinculado en concreto durante los siete meses que permanecerá en La Haya.

Tampoco se sabe o si el juez, suspendido en España de sus funciones, visitará algunos de los países que la oficina del argentino Ocampo investiga en estos momentos.

La CPI ha abierto investigaciones por crímenes presuntamente cometidos en la República Centroafricana, la República Democrática de Congo, Kenia, Uganda y Sudán, donde el fiscal Ocampo ha acusado de genocidio a su presidente, Omar Al-Bashir.

Además, investiga de forma preliminar la comisión de presuntos crímenes de guerra o lesa humanidad en Guinea Conakry, Afganistán o Colombia, lo que significa que todavía no se ha abierto un caso como tal en la CPI relacionado con esos países.

Coincidiendo con la incorporación de Garzón a la CPI, varias organizaciones internacionales defensoras de los derechos humanos y juristas destacados han lanzado una petición para que Naciones Unidas muestre su apoyo a Garzón y a sus investigaciones por los crímenes cometidos durante el franquismo.

La petición está dirigida a los expertos de la ONU centrados en temas de independencia judicial, tortura y protección de los derechos humanos, especificaron en un comunicado las organizaciones firmantes, entre las que se encuentra la Asociación Española por el Derecho Humano a la Paz.

Según esa nota, las acciones judiciales tomadas en España contra Garzón son una violación de las obligaciones españolas de proteger la independencia judicial, en este caso contra un magistrado "internacionalmente reconocido como líder en la lucha para acabar con la impunidad de las violaciones de los derechos humanos".