Así consta en un comunicado conjunto suscrito por la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Francisco de Vitoria (FdV), Jueces para la Democracia (JpD), el Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF), la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF).

"Mostramos nuestra máxima preocupación ante la incertidumbre que las manifestaciones del señor presidente del Gobierno, efectuadas el pasado día 12, han generado en el seno de las carreras judicial y fiscal", afirman los siete colectivos, que representan las tendencias conservadora, progresista e independiente de la judicatura.

Aunque las asociaciones son "conscientes de la grave situación económica que atraviesa España" y se muestran "favorables a la adopción de medidas negociadas y consensuadas para hacer frente a la crisis", rechazan "expresamente" la toma de decisiones que sean " impuestas unilateralmente e improvisadas".

REUNIÓN CON CAAMAÑO

Por eso, exigen al ministro de Justicia, Francisco Caamaño, la convocatoria "urgente" de las asociaciones judiciales y fiscales a fin de obtener "una cumplida y concreta información sobre la incidencia de las medidas previstas en el ámbito de la Justicia".

"Exigimos en cualquier caso el mantenimiento de las inversiones en

Justicia, sin las cuales tanto la implantación de la oficina judicial como la modernización de la Justicia quedarán seriamente comprometidas, pues no se puede olvidar que somos el país del Consejo de Europa con menor inversión en Justicia por habitante", afirman.

De igual modo, solicitan al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y a la Fiscalía General del Estado que "asuman de una vez por todas sus responsabilidades en la defensa de la Justicia, cuya trascendencia social en un Estado Democrático y de Derecho podría verse afectada ante las medidas de ajuste previstas".