La Comisión Permanente de este órgano estudiara mañana el escrito que le ha remitido el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 solicitando que se le declare en situación de "servicios especiales" durante 7 meses para poder aceptar la invitación del TPI y cubrir el citado puesto.

Lo previsible es que mañana el Consejo le abra el correspondiente expediente y solicite informe a Exteriores, además de consultar a su propio servicio de personal judicial si la plaza ofrecida por el órgano internacional encaja en la situación de "servicios especiales" solicitada, puesto que pueden existir dudas en este punto, según las mismas fuentes.

El artículo 351 b) de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) señala que los jueces y magistrados serán declarados en la situación de servicios especiales cuando sean autorizados por el Consejo "para realizar una misión internacional por período determinado, superior a seis meses, en organismos internacionales, gobiernos o entidades públicas extranjeras o en programas de cooperación internacional, previa declaración de interés por el Ministerio de Asuntos Exteriores".

De este modo, la reunión del Consejo de mañana no será decisiva para el futuro inmediato de Garzón, puesto que antes de tomar una decisión al respecto habrá que esperar a conocer el contenido de los dos informes citados.

Así las cosas, la declaración de servicios especiales podría tardar más que una eventual suspensión cautelar del magistrado mientras se sustancian las tres causas abiertas contra el en el Tribunal Supremo. Si Luciano Varela, el instructor de la primera de ellas -presunta prevaricación al investigar los crímenes del franquismo- dicta en los próximos días auto de apertura de juicio oral, el CGPJ se vería obligado a convocar un Pleno extraordinario para estudiar la suspensión antes del traslado solicitado.

Fuentes del Consejo explicaron que la petición realizada hoy por Garzón podría tener como objetivo apartarlo de la función jurisdiccional mientras se sustancian las causas penales que existen contra él. Esta circunstancia obligaría al Consejo a no suspenderlo al menos hasta dentro de siete meses, cuando regresara del Tribunal Penal Internacional para volver a incorporarse a la Audiencia Nacional. En ese momento, su situación procesal podría haber cambiado por completo, en función de la evolución que tengan las tres causas judiciales.

EXPERIENCIA INTERNACIONAL

Garzón ha realizado su solicitud después de recibir el pasado 6 de mayo una invitación del fiscal del Tribunal Penal Internacional Luis Moreno Ocampo, que le propuso para este puesto, según las citadas fuentes, con el objetivo de aprovechar la dilatada experiencia del magistrado en la investigación de crímenes organizados y masivos. Así, se encargaría de asesorar a la Fiscalía del Tribunal Internacional parar mejorar sus técnicas de investigación.

Durante este periodo de tiempo, el magistrado tendría su despacho en La Haya (Holanda), aunque podría desplazarse eventualmente a Congo, Uganda o Colombia, donde el Tribunal Penal Internacional tiene causas abiertas por crímenes contra la humanidad.

La creación del TPI se aprobó en 1998 y comenzó a funcionar el 2 de julio de 2002, después de que fuera reconocido por 60 estados. Está formado por 18 jueces, la Fiscalía dirigida por Moreno Ocampo y especialistas en Derecho Internacional y Penal.