La titular del Juzgado de Instrucción número 12 de Palma, Carmen González, instructora del caso Can Domenge, aplazará previsiblemente las declaraciones de los ex consejeros de Baleares de Territorio, Bartomeu Vicens, y Economía y Hacienda, Miquel Àngel Flaquer, así como del ex vicepresidente del Consell, Miquel Nadal, que están fijadas para los días 1 y 2 de junio, después de que varias de las defensas así lo hayan solicitado, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

De este modo, en el caso de Flaquer, su letrado, Gaspar Oliver, ya ha pedido la suspensión de la comparecencia al coincidir con un juicio que está previsto que se prolongue hasta el 2 de junio, mientras que desde el despacho que defiende a Vicens, asistido por Eduardo Valdivia y Jaime Campaner, también han comunicado la coincidencia de las declaraciones previstas con el señalamiento de ese mismo juicio. Esto afectará también a la deposición de Nadal, defendido por Josep Zaforteza.

Sin embargo, estas circunstancias no modificarán en principio la citación de la ex presidenta del Parlamento y del Consell, Maria Antònia Munar, prevista para el día 3 de junio, ya que se espera que el anterior juicio -en el que se juzgan a 32 acusados en el marco de la operación Flor de Loto-Paradise- ya haya finalizado el día 2, y por tanto las defensas podrán estar presentes en la declaración de la ex dirigente 'uemita'.

Se trata de la segunda ocasión que Munar prestará declaración en el marco de este procedimiento, que investiga las irregularidades cometidas en torno al concurso convocado en 2005 para enajenar los terrenos de Can Domenge, y que finalmente fueron vendidos por el Consell de Mallorca a la UTE formada por Sacresa Terrenos y Promoción S.L. y Construcciones Pedro Francisco Ferrá Tur, por un total de treinta millones de euros, la mitad de su valor en el mercado y de lo que ofrecía la promotora Núñez y Navarro.

Así, Munar, asistida por Gabriel Garcías, ya depuso el pasado 18 de diciembre ante el magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB), Francisco Javier Muñoz, cuando la causa estaba en manos de la máxima instancia judicial de las islas -posteriormente retornó al Juzgado de Instrucción número 12 por no contar con ningún aforado imputado-. En su comparecencia, apuntó a las Consejerías insulares de Economía y Territorio en la pasada legislatura como responsables de idear las cláusulas del concurso.

Por su parte, Nadal admitió el pasado 30 de abril que se reunió con un directivo de Sacresa meses antes de que se fallase el concurso, aunque aseveró que no precisó al empresario "las bases de determinación del precio o si iba a ser concurso o subasta, pues lo desconocía".

En concreto, el nombre de estos cuatro imputados aparece en la querella que interpuso Josel S.L. -perteneciente al grupo Núñez y Navarro-, y que atribuye los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y revelación de secretos oficiales a, entre otros, Munar y a aquellos miembros del pleno del 30 de diciembre de 2005 que dieron su voto a favor de la adjudicación de los terrenos.