El primer día de declaración, Del Valle contestó a las preguntas del fiscal Anticorrupción, que le acusa de 141 delitos de falsedad de carácter continuado, 13 de blanqueo de capitales, tres contra la Hacienda Pública y uno de falso testimonio, y señala que este bufete daba a sus clientes, generalmente extranjeros y algunos, "vinculados supuestamente a grupos criminales", cobertura para garantizarles el anonimato de sus inversiones.

En este sentido, Del Valle defendió la forma en la que se constituían las sociedades en el estado norteamericano de Delaware y señaló que el anonimato "no es la finalidad" del sistema utilizado. Además, señaló que la constitución de empresas para clientes extranjeros era sólo "una pequeña parte" de la actividad del bufete marbellí.

La acusación sostiene que las sociedades estaban formadas por una sociedad inscrita en dicho estado, que tiene "una legislación muy permisiva" en este sentido. Esta empresa estaba representada por Del Valle y ostenta el 99 por ciento de las participaciones de la sociedad española, mientras que el otro uno por ciento corresponde a la persona física, casi siempre una de las empleadas, también acusada.

La Audiencia de Málaga comenzó el pasado día 15 de marzo el juicio por el caso 'Ballena Blanca', contra el blanqueo de capitales, en el que se juzgan a 19 personas, aunque dio un plazo de más de un mes para que los abogados examinaran documentación de la causa que no les fue entregada durante la instrucción y para complementar los escritos de cuestiones previas y de defensa.

El juicio se desarrolla por bloques según el contenido del escrito de la acusación pública, y se han previsto hasta 17. El primero afecta, además de a Del Valle, a dos empleadas del despacho y otras tres personas, entre ellas el acusado Sophian H., uno de los clientes supuestamente "vinculado con actividades delictivas graves", según el fiscal, que utilizaron los servicios del despacho marbellí.

Por otro lado, el Tribunal desestimó en un auto, al que tuvo acceso Europa Press, la mayoría de las cuestiones previas planteadas por las defensas de los acusados, quienes alegaron vulneración de derechos fundamentales y solicitaron, en algún caso, que se declarara nulo el proceso, al considerar que se habían vulnerado derechos fundamentales, o que se devolviera la causa al juzgado instructor.