La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha archivado un escrito que le remitió el pasado lunes el sindicato Manos Limpias exigiendo una investigación disciplinaria al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón por su actuación respecto al ex secretario general de LAB Rafael Díez Usabiaga, a quien dejó en libertad para que pueda ocuparse de su madre, que le reclamó como cuidador acogiéndose a la Ley de Dependencia.

Según informó hoy el Consejo, la petición ha sido rechazada "por versar sobre una cuestión de naturaleza jurisdiccional, sobre la que pende recurso", puesto que la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado a Garzón que reconsidere su decisión y vuelva a encarcelar al responsable de LAB

Por su parte, el Ayuntamiento de Lasarte-Oria (Guipúzcoa), que emitió el certificado por Garzón para poner en libertad a Díez Usbiaga, confirmó ayer ante el magistrado que la madre del ex secretario general de LAB sólo tiene una cita para principios de junio con un asistente social en la que pretende reclamar a su hijo como cuidador, informaron fuentes jurídicas.

La técnico de la Concejalía de Servicios Sociales, Empleo y Cooperación que firmó el certificado compareció ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 para ratificar el escrito en el que acreditaba que la madre de Díez Usabiaga "ha iniciado los trámites para la prestación y cuidados personales relativos a la Ley sobre la Dependencia de Personas Físicas, requiriendo como cuidador a su hijo Rafael", quien hasta la fecha había "venido haciéndose cargo de su madre".

Díez Usabiaga, que está procesado por integración en organización terrorista al participar en la reconstrucción de Batasuna a través de la plataforma 'Bateragune' (Todos Juntos), abandonó la cárcel madrileña de Estremera el pasado 26 de abril tras depositar una fianza de 30.000 euros y al objeto de que pudiera cuidar a su madre.

Garzón le impuso como condición recibir cada 15 días "información sobre el desarrollo del cuidado dispensado a su madre", así como la prohibición de salir del territorio nacional, la retirada del pasaporte y la obligación de comparecer dos veces por semana en el juzgado más próximo a su domicilio.

El juez, que adoptó esta decisión en contra del criterio expresado por la Fiscalía, defendía que la situación de prisión debía "suavizarse" por la "circunstancia humanitaria" de "índole personal-familiar" que concurre en el caso de Díez Usabiaga y en atención a "la relación de dependencia que su madre tiene respecto del mismo".

Dos días más tarde, la Fiscalía recurrió su puesta en libertad al considerar que la situación "humanitaria" esgrimida por la defensa del ex secretario general de LAB fue "artificialmente creada con el fin de eludir una medida cautelar necesaria".

DIEZ DETENIDOS

Garzón acordó el 16 de octubre de 2009 el ingreso en prisión de Díez Usabiaga, del ex portavoz de Batasuna Arnaldo Otegi, y de otros tres dirigentes de la izquierda abertzale: Sonia Jacinto, ex tesorera del PCTV; Miren Zabaleta, hija del coordinador de Aralar, Patxi Zabaleta, candidata de ASB en 2007 y promotora de una página web (Gaztesarea.net) vinculada a Segi; y Arkaitz Rodríguez, ex responsable de Haika.

Tras los interrogatorios, les impuso una fianza de 10.000 euros a Amaia Esnal, José Manuel Serra y José Luis Moreno Sagües, y dejó en libertad sin cargos al histórico miembro de la Mesa Nacional de Batasuna Rufi Etxeberria y Ainara Oiz.

Todos fueron detenidos el día 13 en la sede de LAB de San Sebastián, en el marco de una operación policial que tenía como objetivo desarticular la constitución de una nueva Mesa Nacional de Batasuna.