El juez de instrucción número 27 de Madrid, Enrique Jesús Bergés, ha solicitado a la Audiencia Nacional que asuma la competencia de la denuncia interpuesta por el sindicato Manos Limpias y un particular contra el rector de la Universidad Complutense de Madrid, Carlos Berzosa, y el ex fiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo por el acto celebrado el pasado 13 de abril en apoyo al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, en el que intervinieron ambos.

Según informaron a Europa Press fuentes jurídicas, la primera denuncia, que recayó en el juzgado de Bergés, fue presentada por un particular, Rómulo Antonio Tenés, que acusa a Jiménez Villarejo de ultraje y calumnias contra los jueces del Tribunal Supremo y a Berzosa de connivencia en la comisión de estos delitos.

Horas después, el sindicato Manos Limpias, uno de los autores de la querella contra Garzón en el Tribunal Supremo, presentó otra denuncia contra Berzosa --al que acusa de prevaricación y malversación de caudales públicos-- y Jiménez Villarejo --por

injurias y calumnias--.

En el caso del sindicato, la denuncia fue a parar al juzgado de instrucción número 41, que dirige Almudena Álvarez Tejero, pero el magistrado Bergés acumuló también esta segunda denuncia.

En cualquier caso, el titular del juzgado de instrucción número 27 ha entendido que el asunto es competencia de la Audiencia Nacional, al afectar a altas instituciones del EStado, como es el Tribunal Supremo. Por ello, se ha inhibido en favor de este tribunal, que todavía no ha respondido.

CONTRA RUBIANES Y EL PADRE DE PICASSO

En declaraciones a Europa Press, el primer denunciante explicó que interpuso la denuncia ante el juzgado de guardia "sólo ocho horas después" de la celebración del acto "guerracivilista" de apoyo a Garzón, convocado por CCOO y UGT, al entender que las acusaciones que se profirieron contra magistrados del Tribunal Supremo son "intolerables".

Durante el acto, celebrado en la Facultad de Derecho de la Complutense, Jiménez Villarejo acusó a los jueces que procesarán al magistrado de la Audiencia Nacional de haber estado en el Tribunal de Orden Público (TOP) del franquismo y de haber sido "cómplices de torturas".

Tenés explicó que sólo pretende ejercer su "derecho" como "español" ante quien insulta a los tribunales del país. Además recordó que "no es la primera vez" que actúa así, ya que fue uno de los denunciantes del actor Pepe Rubianes, junto a la Asociación por la Defensa de la Nación Española, por sus declaraciones en una entrevista en 'El Club' de TV·.

El actor, que falleció en marzo de 2009, no llegó a sentarse en el banquillo de los acusados. En la entrevista objeto de la denuncia, el periodista Albert Om --también imputado como cooperador necesario-- preguntó a Rubianes su opinión sobre el supuesto peligro que corría la unidad de España, a lo que el actor respondió: "A mi la unidad de España me suda la polla por delante y por detrás. Que se metan a España en el puto culo a ver si les explota dentro y les quedan los huevos colgados de los campanarios".

Además, Tenés, también denunció en 2003, en los juzgados de guardia de Barcelona, la atribución a Pablo Picasso de un conjunto de obras cuya verdadera autoría, según él, corresponde al padre del artista, José Ruiz Blasco. Según explicó, lleva doce años dedicado al estudio de la vida, especialmente la juventud, del pintor malagueño.

MALVERSACIÓN DE CAUDALES PUBLICOS

Por su parte, Manos Limpias atribuye a Berzosa un delito de malversación de caudales públicos, ya que, según el sindicato, la cesión del aula para que se celebrase el acto fue dictada por el rector de la Complutense. En cuanto al delito de prevaricación, Manos Limpias considera que se sustenta en la intención "deliberada y plena conciencia de la ilegalidad del acto realizado" de Berzosa.

En relación con la denuncia a Jiménez Villarejo, alude a que "acusó públicamente" a los magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de ser "cómplices de las torturas" en la época franquista.

Considera el sindicato que algunas de las intervenciones del acto no estaban amparadas en el derecho a la libertad de expresión. A su juicio, el desarrollo del mismo "supuso un ataque y subversión" del sistema democrático español y "una coacción a los miembros de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, un llamamiento a la Sociedad Española de enfrentamientos, la comisión de delitos e injurias", es decir, "una incitación al golpismo" contra la democracia.