La oficina judicial, clave en el proceso de modernización de la Justicia, verá retrasada su implantación hasta al menos octubre o noviembre de este año, pese a que su puesta en marcha estaba prevista para el próximo martes, 4 de mayo. Así lo denunció hoy el Colegio Nacional de Secretarios Judiciales, de implantación mayoritaria en este Cuerpo, que advierte del fracaso del modelo por falta de medios y de voluntad política para sacarlo adelante.

El presidente del Colegio Nacional de Secretarios, Rafael Lara, anunció hoy que, con objeto de exponer la actual situación a la opinión pública, esta asociación ha aprobado realizar acciones de movilización profesional.

En concreto, proponen a todos los secretarios, con independencia de su afiliación, que el próximo 4 de mayo envíen faxes al Ministerio de Justicia de peticiones de medios, así como el compromiso del ministro, Francisco Caamaño, "de un reconocimiento futuro, económico, profesional y efectivo de los secretarios judiciales ante la asunción de las nuevas funciones y responsabilidades".

Además, para la segunda quincena del mes de mayo prevén celebrar asambleas de secretarios en todas las provincias españolas para informar a este colectivo de la situación real existente sobre la nueva oficina judicial, así como proponer otras medidas de conflicto concretas a adoptar.

HUELGA

Por su parte, la Asociación Profesional de Secretarios Judiciales, de carácter minoritario, ha convocado huelga en toda España también para el 4 de mayo y a continuación un paro indefinido.

Durante un encuentro que mantuvo hoy con medios de comunicación, el presidente del Colegio Nacional restó importancia a esta convocatoria de huelga y resaltó que el día 4 -cuando entra en marcha la reforma procesal- sus afiliados "van a desempeñar con toda profesionalidad, esfuerzo, responsabilidad y en beneficio del servicio público de la justicia" las nuevas funciones que les reconoce la ley a pesar del daño que la misma provocará a su juicio a sus derechos como trabajadores.

Afirmó que la reforma procesal es una buena noticia, y que la mala es que el complemento necesario para llevarla a cabo, como es la nueva oficina judicial, no se pondrá en marcha el próximo martes en las ocho ciudades españolas en las que estaba previsto que lo hiciera, a modo de experiencia piloto.

"Además, se está llevando a cabo bajo conceptos y principios que, de no corregirse, nos llevará al fracaso", dijo. Entre ellos, destacó la Orden Ministerial que regulará los servicios comunes de la nueva oficina, que "refleja las funciones de los distintos cuerpos de funcionarios de la Administración de Justicia, cuando lo que deberá hacer es describir los puestos específicos, con independencia del funcionario que lo ocupe".

Además, la Orden rompe con las dos grandes virtudes de la nueva oficina diseñada en la reforma, que eran la movilidad para adaptarse al servicio público y el principio básico de jerarquía y distribución de responsabilidad por el trabajo de cada uno, ya que toda recae en el secretario, sin tener además competencias de jefatura sobre los funcionarios.

FALTA DE DIÁLOGO.

Denuncian también los secretarios que el Ministerio se ha negado a negociar con este colectivo otros aspectos que afectan directamente a sus condiciones laborales como son los retributivos y los planes de refuerzo, y que se empeña en mantener "un régimen disciplinario sangrante que permite imponer mayores sanciones a los secretarios judiciales que a los jueces por unos mismos hechos", como ocurrió en el caso de la niña onubense Mari Luz Cortés.

Lara indicó que muestra de esta actitud "opaca" del Ministerio es la negativa de Caamaño a reunirse con ellos, ya que sólo le han visto en una ocasión desde que obtuvo la cartera.

Por ello, solicitan al Ministerio que reconduzca la actual situación "que dañará gravemente al servicio público y ya está dañando a un cuerpo de funcionarios que nada ha demandado hasta ahora más que diálogo y compromiso".