El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón declarará el próximo 10 de mayo en el Tribunal Supremo como imputado por delitos de prevaricación y contra las garantías de la intimidad por ordenar intervenir las conversaciones en prisión entre varios de los implicados en el "caso Gürtel" y sus letrados.

El magistrado del TS Alberto Jorge Barreiro, que instruye la querella presentada por el abogado Ignacio Peláez -que representa al empresario José Luis Ulibarri, imputado en el "caso Gürtel"-, ha citado a Garzón a las 10.30 horas de ese día en una providencia notificada hoy.

Esta será la tercera vez que Garzón acude a declarar como imputado al alto tribunal en menos de un año, ya que ya lo hizo el 9 de septiembre del año pasado por su actuación en el caso de las desapariciones en el franquismo y el pasado 15 de abril por los cobros supuestamente recibidos del Banco Santander durante su estancia en la Universidad de Nueva York entre 2005 y 2006.

Un día después de esa última comparecencia, el Supremo confirmó la admisión a trámite de la querella de Peláez y rechazó el recurso que había interpuesto la Fiscalía -a la que se había adherido Garzón- al considerar que las escuchas ordenadas por Garzón aportaron datos que fueron "claves" para la investigación.

El alto tribunal decía que la posibilidad de que el juez de la Audiencia Nacional cometiera un delito en relación a la intervención de las conversaciones "no es totalmente descartable" en el momento actual e inicial del proceso, lo que impide decretar el archivo de las actuaciones, "sin perjuicio del que vaya a ser el resultado final" de las mismas.

El pasado 25 de marzo el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) declaró "ilícitas" estas escuchas por considerar que vulneraron el derecho de defensa.

Además de la defensa de Ulibarri, en la querella que se tramita en el Supremo contra Garzón están personados como acusación particular el presunto cerebro de la trama de corrupción que se investiga en el "caso Gürtel", Francisco Correa, y su "número dos", Pablo Crespo.

El abogado Ignacio Peláez, que fue fiscal de la Audiencia Nacional, sostiene en su querella que Garzón ordenó las escuchas el 19 de febrero de 2009 y las prorrogó el 20 de marzo siguiente pese a que la Fiscalía le requirió varias veces para que corrigiera esa conducta ante la manifiesta ilegalidad de las mismas.