El ex general panameño Manuel Antonio Noriega fue extraditado a Francia que lo reclama por una condena de lavado de dinero, tras perder una batalla legal de tres años en los tribunales de Estados Unidos.

Tranquilo y cooperando con los agentes que lo custodiaban, Noriega fue trasladado desde la cárcel de Miami hasta el aeropuerto internacional de esta ciudad donde fue embarcado en un avión de Air France con destino a París.

El traslado de Noriega al aeropuerto se produjo poco después de que la secretaria de Estado, Hillary Clinton, firmara una orden de rechazo a la última petición de los abogados del ex general panameño para que fuera enviado a Panamá.

En Washington, un portavoz del departamento de Estado confirmó a Efe que Clinton ya había firmado la extradición del ex general panameño a Francia.

El abogado de Noruega Frank Rubino había solicitado el pasado 29 de marzo a la secretaria de Estado que su defendido fuera extraditado a Panamá, donde afronta cargos más graves que en Francia, pero la petición fue rechazada.

Rubino argumentó en su petición que los cargos que sirvieron de base para la solicitud de extradición por parte de Panamá son "extremadamente graves: asesinato".

En el país centroamericano, Noriega fue declarado culpable en ausencia de diversos crímenes, incluidos los asesinatos del líder opositor Hugo Spadafora y el mayor Moisés Giroldi, por los cuales fue condenado a 15 y 20 años de cárcel, respectivamente.

Con el rechazo de Hillary Clinton a la extradición a Panamá terminó la sucesión de demandas y peticiones de los abogados de Noriega para impedir su traslado a Francia, cosa que finalmente ocurrió hoy.

Desde septiembre de 2007, Noriega intentó eludir la extradición invocando su condición de prisionero de guerra otorgada por un juez de Miami en la década de los años noventa, después de que el ex general expresara preocupaciones sobre el trato que recibiría en este país.

Pero su estrategia ofensiva no le funcionó: en cada instancia judicial a la que acudió, incluyendo un tribunal de Apelaciones, con sede en Atlanta (Georgia), el argumento fue desestimado.

Ni siquiera el Tribunal Supremo de Estados Unidos aceptó escuchar el caso que, en opinión de algunos abogados, pudo ser utilizado para que la máxima corte sentara un precedente.

"Su caso no era fácil, cuando hay una orden de extradición entre países que tienen convenios hay que respetar el tratado suscrito", explicó a Efe Marc Seitles abogado especializado en apelaciones.

Según él, el caso no tenía antecedentes en el país y por su trasfondo legal "es triste que el Tribunal Supremo no estuviera interesado en escucharlo y sentara precedentes explicando bien cómo aplicar la ley en este tipo de situación".

Pese a los reveses judiciales, Noriega, capturado por tropas estadounidenses durante la invasión a Panamá en 1989, luchó hasta el último momento por lo que consideraba su derecho a regresar a su país como lo demuestra la carta enviada a Hillary Clinton.

Noriega, ex colaborador de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), fue declarado en Panamá culpable en ausencia de los asesinatos del líder opositor Hugo Spadafora y el mayor Moisés Giroldi y recibió una condena de 15 y 20 años de cárcel, respectivamente.

Pero por su edad, tiene más de 70 años, podría cumplir las sentencias en arresto domiciliario.

Francia pidió su extradición en abril de 2004 tras hallarlo culpable en 1999, también en ausencia, del lavado de unos 3,1 millones de dólares, a través de bancos de ese país y mediante la compra de apartamentos.

La Justicia francesa condenó a Noriega a diez años de prisión, pero las autoridades han ofrecido celebrarle un nuevo juicio.

"Es por el mismo caso. Ellos dicen que ahora (Noriega) estará presente con un abogado que lo defienda", según Frank Rubino.

Durante el prolongado proceso de apelación, el equipo defensor del ex militar declaró a periodistas que tenía sospechas de que "algo político" se movía "tras bastidores" presuntamente orquestado por Panamá para impedir su regreso.

En Estados Unidos, Noriega fue juzgado en 1992 por permitir el envío a este país de los embarques de cocaína del desaparecido cartel colombiano de Medellín.

Un juez de Miami le condenó a 40 años de prisión, sentencia que fue rebajada a 30 años por haber cumplido ya cárcel y luego a 20 "por buena conducta", de los que cumplió 17 años el 9 de septiembre de 2007.

Pero permaneció en prisión hasta que culminó con el proceso de apelación y ahora va rumbo a otra cárcel en Francia.