El miembro de los Grupos Revolucionarios Antifascistas Primero de Octubre (GRAPO) Marcos Martín Ponce volverá a ser juzgado por la Audiencia Nacional desde hoy, lunes, por el asesinato del policía nacional Francisco Javier Sanz Morales, que se produjo en Madrid el 17 de noviembre de 2000, en cumplimiento de un auto del Tribunal Supremo que obligó a repetir el juicio porque la familia del agente no pudo ejercer la acusación particular en el proceso.



El alto tribunal absolvió en febrero de 2008 a Martín Ponce por estos hechos y anuló la condena de 30 años de cárcel que le había impuesto la Audiencia Nacional en julio del año anterior porque el tribunal y la policía fueron "incapaces" de localizar a la testigo protegida que reconoció al acusado en el momento de los hechos, por lo que su testimonio no pudo ser sometido a contradicción durante la vista oral.



Sin embargo, en enero de 2009 el Supremo ordenó repetir el juicio, tal y como solicitó la familia del policía asesinado en un recurso de nulidad de la sentencia, al entender que esta parte no fue informada del devenir del proceso desde el 15 de julio de 2002, cuando el caso se reabrió tras la entrega de Martín Ponce por parte de las autoridades francesas.



En su nuevo escrito provisional de acusación, el fiscal Jesús Alonso solicita a la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal que condene a Martín Ponce a 30 años de cárcel, la prohibición de residir en Madrid durante cinco años y el pago de una indemnización de 400.000 euros a la familia del fallecido.

RESPUESTA A DETENCIONES



Según su relato, el atentado fue cometido por Martín Ponce y su compañero Israel Torralba, ya condenado por estos hechos, y se produjo como "respuesta" a la detención en París de la cúpula de los GRAPO.



Los dos terroristas "deambularon por Madrid a fin y efecto de localizar a un agente sobre el que cometer su criminal acción".

Así, encontraron al agente "solo y absolutamente desprevenido" en la calle Alondra del distrito de Carabanchel cuando guardaba unos papeles de su trabajo en el portaequipajes de su moto oficial. Entonces, le propinaron un disparo en la cabeza, de forma "totalmente traicionera y por la espalda", que le produjo la muerte "de manera inmediata".



El asesinato fue presenciado por varios testigos que salieron corriendo detrás de los autores de los hechos llamándoles "asesinos". Sin embargo, los procesados se volvieron empuñando sus armas y amenazaron a los viandantes con dispararles, con lo que consiguieron "huir de la zona".