El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco no ha recibido ninguna petición de aclaración por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores sobre el auto en el que ponía de manifiesto la "cooperación gubernamental" del Gobierno de Venezuela "en la ilícita colaboración" entre ETA y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Fuentes jurídicas explicaron hoy que hasta el Juzgado Central de Instrucción número 6, que dirige Velasco, no ha llegado todavía ningún escrito del departamento de Miguel Ángel Moratinos, que tenía previsto dirigirse al magistrado para despejar dudas sobre este procedimiento y aclarar qué es exactamente lo que pedía a las autoridades venezolanas, según explicaron fuentes gubernamentales.

En el auto, hecho público el pasado lunes, el instructor procesaba a seis presuntos miembros de ETA y siete de las FARC por compartir información sobre el manejo de explosivos e intentar cometer varios asesinatos, entre ellos el del presidente de Colombia, Álvaro Uribe, y su antecesor Andrés Pastrana.

Las citadas fuentes gubernamentales argumentaron el pasado viernes que el juez no pedía directamente la extradición de los 12 terroristas que se encuentran en Venezuela y Cuba ni la fundamentaba como debería hacerlo en tal caso, sino que constataba indicios de colaboración entre ambos grupos terroristas y pedía información con vistas a la ejecución de posibles extradiciones.

NO SE DIRIGIÓ A JUSTICIA

Por eso, la Asesoría Jurídica Internacional estaba estudiando qué pedía exactamente el juez Velasco y si lo hizo por el cauce adecuado. Su estudio terminará con un informe en el que decidirá si es necesario pedir aclaraciones al juez o si, por el contrario, hay una petición clara a la que dar curso, en forma de exhorto o de comisión rogatoria si es para pedir información a las autoridades venezolanas o en forma de petición de extradición de los procesados.

Además, las fuentes señalaron que en este caso ha habido otra peculiaridad, y es que la Audiencia Nacional ha remitido el auto al Ministerio de Exteriores y no al de Justicia, de modo que se está estudiando también si el procedimiento ha sido el adecuado.

En concreto, la resolución judicial dictada por el juez Velasco ordenaba la busca y captura internacional de 12 de los 13 procesados --todos menos la presunta representante de las FARC en Europa, Remedios García Albert, que vive en España-- para "iniciar su proceso extradicional".

Para ello, enviaba una copia del auto a los Ministerios de Asuntos Exteriores e Interior al objeto de que practiquen "gesiontes pertinentes ante las autoridades cubana y especialmente venezolana para que coopere a la entrega extradicional de algunos de los procesados".