El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) estudia hoy el escrito en el que el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón reclama que tres vocales de este órgano se abstengan de participar en las deliberaciones sobre su suspensión y pide que, caso de no hacerlo, se tramite su recusación.

Según han informado fuentes del Consejo, la comisión permanente -de la que forma parte Margarita Robles, una de las vocales cuya abstención pide Garzón- tomará en su reunión de mañana una decisión al respecto.

En su escrito de alegaciones ante el Consejo, en el que reclama al CGPJ que no le suspenda cautelarmente de sus funciones mientras el Tribunal Supremo (TS) tramita varias querellas contra él, Garzón también pide la abstención del vicepresidente del Consejo, Fernando de Rosa, y de la vocal Gemma Gallego.

La comisión permanente está integrada, además de por Robles, por el presidente del CGPJ, Carlos Dívar, y por los vocales Almudena Lastra, Manuel Almenar y Antonio Dorado.

La comisión permanente podría decidir hoy dar trámite a la solicitud del juez de Garzón y trasladar dicha petición a De Rosa, Robles y Gallego para que efectúen las alegaciones que estimen pertinentes en relación a su abstención y, en última instancia, su recusación, sobre la que tendría que decidir el pleno, cuya próxima reunión tendrá lugar el día 24 de este mes.

En cualquier caso, el Consejo tendrá que resolver esta cuestión antes de decidir sobre la suspensión provisional de Garzón, a la que se ha opuesto la Fiscalía, según las mismas fuentes, que han recordado que la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) no contempla la recusación de los vocales del CGPJ.

El juez de la Audiencia Nacional, sin embargo, la ha planteado basándose en lo dispuesto por la Ley de Procedimiento Administrativo y por el Reglamento de Organización y Funcionamiento del propio CGPJ.

Como motivos para pedir la abstención de dichos vocales, Garzón alega "interés personal en el asunto" de De Rosa, al que atribuye "amistad íntima" con el presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, "persona de la cual se dedujeron indicios de delito" en el "caso Gürtel", por lo que se inhibió a favor del Tribunal Superior de Justicia de Valencia.

También alega que Gallego -que cuando ejercía como juez en Madrid instruyó el "caso del ácido bórico" contra varios mandos policiales que rechazaron un informe pericial que relacionaba a ETA con el 11-M- ha mostrado tener una "enemistad manifiesta" con él.

También acusa de enemistad a Robles, con la que coincidió en funciones públicas, ya que fue subsecretaria del Ministerio de Justicia cuando él fue delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, puesto del que dimitió coincidiendo con el nombramiento de la vocal como secretaria de Estado de Interior.