Miembros del colectivo de jueces y magistrados, firmantes del 'Manifiesto por la Despolitización y la Independencia Judicial', denunciaron hoy que "la lucha política se haya trasladado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)", por lo que reclamaron un gran pacto de Estado para "recuperar división de poderes, la dignidad del Poder Judicial y democratizar la elección de todos sus órganos de gobierno", ante el creciente interés de la clase política por controlar la Justicia.

En rueda de prensa, el magistrado-juez Decano de Valencia, Pedro Luis Viguer Soler, criticó que "no haya ningún interés en dotar de medios a la Justicia, pero sí de controlarla". Por ello, calificó la judicatura como una "profesión de alto riesgo" en estos momentos.

En este sentido, un total de 1.400 miembros de la carrera judicial ya han firmado este Manifiesto a fecha de hoy para "poner en tela de juicio" el sistema de elección de sus órganos de gobierno que, a su juicio, son cada vez "más permeables a la política".

"El CGPJ se ha convertido en un clon del Parlamento, en un Parlamento en miniatura", afirmó Viguer, que lamentó que la Justicia se haya "alejado" de la Constitución española y de las Constituciones europeas desde que en 1985 se aprobara la Ley Orgánica del Poder Judicial, por la que se privó a los jueces de la posibilidad de elegir a sus vocales. El Decano de Jueces de Valencia alegó que esta "situación de aislamiento" ha provocado que los jueces se sientan cada vez "menos identificados" con sus órganos de gobierno, lo que ha hecho un "tremendo daño a la imagen de los jueces y del Poder Judicial".

Asimismo, el portavoz de este colectivo, que nace con "vocación de permanencia", criticó el sistema de gestión de recursos por estar, en su opinión, "anclado en la ineficacia" por ser "un barco con demasiados capitanes".

PRECARIA SITUACIÓN ECONÓMICA

Viguer defendió "que los juzgados funcionen bien, puede repercutir en la reducción del paro" y para refutar su tesis puso como ejemplo el caso de una empresa que reclama una cantidad de dinero, pero a la que la lentitud del proceso judicial le lleva a la ruina. Además, añadió que "no hay más gasto social que invertir en Justicia, porque es invertir en el futuro y en la tutela de los derechos de los ciudadanos".

Por ello, lamentó que el proceso de negociación que se abrió con el Ministerio de Justicia tras la huelga de jueces del pasado 18 de febrero de 2009, se haya "cerrado en falso". "Llevamos años denunciando que no se ha producido ni el más mínimo cambio y que la situación de la Justicia no ha mejorado", recordó Viguer, que dijo haber asumido que "la Justicia es la gran olvidada por el poder político", al dedicarse sólo el 1% de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), frente al 3,5% en el que se sitúa la inversión en Europa. En este sentido, censuró que la futura creación de la Oficina Judicial "no vaya a ir acompañada del necesario desembolso económico".

Asimismo, subrayó la "necesidad de más jueces", pues España cuenta con la mitad de los jueces que hay de media en Europa, lo que ha llevado a nuestro país al "desbordamiento de los juzgados" y a funcionar con un 20% de jueces sustitutos. "No queremos trabajar a destajo, queremos resolver los casos con la reflexión y el tiempo necesarios", argumentó.

A pesar de estas cifras, Viguer se felicitó del tiempo de respuesta en España, "sensiblemente mejor que el del resto de Europa" al situarse en 240 días, frente a los 420 de Francia o 300 de Portugal.