Convivencia Cívica Catalana interpondrá un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la sentencia del Juzgado Contencioso-Administrativo número 9 de Barcelona que ha confirmado una multa a un empresario de Vilanova i la Geltrú (Barcelona) por no rotular en catalán su inmobiliaria.

El juez ha desestimado el recurso que presentó Manel Nevot, dueño de Finques Nevot, a la multa que le impuso en 2007 la Agencia Catalana de Consumo, que depende de la Generalitat, por no tener la rotulación en catalán, tal y como establece la Ley 1/1998, y por no tener las hojas de reclamación obligatorias. Además también desestima plantear una cuestión de constitucionalidad contra algunos artículos de la Ley de Política Lingüística.

Convivencia Cívica considera que la sentencia supone "un grave atentado a los principios básicos de un Estado de derecho" y que consagra un "orden político en el que el gobierno lo puede todo y en el que los ciudadanos se hallan sin ningún tipo de recurso ante el poder, lo que contradice los principios básicos de la democracia".