La ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, ha anunciado las medidas contenidas en el Proyecto de Ley de Economía Sostenible, aprobadas por el Consejo de Ministros, destinadas a luchar contra la vulneración de los derechos de propiedad intelectual en Internet.

La ministra enfatizó que éste es “un sector económico estratégico para la transformación del modelo productivo que en nuestro país supone un 4,2% PIB y que genera decenas de miles de puestos de trabajo”.

Procedimiento mixto

“Se trata de un sistema mixto en el que la Administración y la Justicia tienen cada uno su papel y que da la última palabra a los jueces. Es una propuesta muy equilibrada porque permite a la Administración actuar contra quienes que se enriquecen ilegalmente y perjudican a las obras de otros”. La ministra añadió que “la libertad de expresión e información en la Red quedarán garantizadas”.

González-Sinde ha explicado que si un titular de derechos considera que estos están siendo vulnerados porque su obra se distribuye sin contrato o licencia en una página web, podrá advertir de este hecho a la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual. Tras analizar esta cuestión, la Comisión emitirá una resolución ordenando la retirada de los contenidos ilegales de esa página web o, en los casos de mayor gravedad, su bloqueo. Dicha resolución no será efectiva hasta que no se pronuncie la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional”.

Actuación judicial

El juez tendrá un plazo de cuatro días para oír a los afectados y verificar que la resolución adoptada por la Comisión no vulnera los derechos y libertades fundamentales contenidos en el artículo 20 de la Constitución.

“Se trata de erradicar las prácticas ilegales de empresas y páginas web, que se lucran y benefician con la explotación de las obras ajenas”, aseguró González-Sinde que además resaltó que “ningún usuario debe estar preocupado o molesto” ante estas medidas.

La Comisión de Propiedad Intelectual será un órgano plural formado, entre otros, por expertos de prestigio como juristas, autores y representantes de los consumidores.

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